La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó este lunes, con 25 votos a favor, tres abstenciones del PRI y ninguno en contra, el dictamen que establece un tipo penal básico para el delito de extorsión, con penas de seis a 25 años de prisión, según la agravante, y multas de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 56 mil 570 pesos, monto que podría incrementarse dependiendo del caso.
El dictamen forma parte de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, impulsada a partir de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este martes se realizará la declaratoria de publicidad del documento, mientras que el miércoles será sometido a discusión y votación en el pleno.
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, diputado de Morena, destacó que el objetivo de la iniciativa es prevenir, investigar y sancionar la extorsión en todas sus modalidades, incluyendo aquellas que se cometen mediante llamadas telefónicas o intimidaciones indirectas.
“Se trata de garantizar una persecución efectiva del delito a través de una mayor coordinación entre la federación, los estados y los municipios”, señaló Moreno al presentar los alcances del dictamen.
Desde la bancada del PRI, el legislador Emilio Suárez Licona subrayó la urgencia de atender este delito que, según dijo, ya afecta incluso a beneficiarios de programas sociales, convirtiéndose en una forma paralela de recaudación ilícita.
“Se ha convertido en un sistema de impuestos paralelos al del propio Estado, que socava lentamente el desarrollo económico, erosiona el tejido social y golpea a las economías de las familias”, expresó Suárez Licona al explicar las motivaciones de su grupo parlamentario para abstenerse.
Por su parte, César Damián Retes, diputado del PAN, respaldó la necesidad de fortalecer la ley ante lo que describió como una problemática creciente en regiones como Tijuana, donde la delincuencia organizada exige pagos por derecho de piso, mientras que autoridades municipales también participan en actos de extorsión.
“Van servidores públicos del ayuntamiento de Tijuana a extorsionar a cambio de permisos o intimidarlos con retirarles los permisos a cambio de pedirles dinero”, denunció Retes, aludiendo al gobierno municipal encabezado por el morenista Ismael Burgueño Ruiz.
Con este dictamen, la Cámara de Diputados busca reforzar la respuesta penal ante un delito que impacta a sectores productivos, sociales y económicos del país, en una estrategia que contempla sanciones más severas y una coordinación más eficaz entre los distintos niveles de gobierno.