La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para expedir la Ley General de Cultura de Paz y Legalidad, una iniciativa impulsada por la diputada de Morena y ministra en retiro, Olga Sánchez-Cordero. El proyecto obtuvo 20 votos a favor, ningún voto en contra y cuatro abstenciones, luego de incorporar una corrección ortográfica propuesta por la legisladora de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu.
Sánchez-Cordero presentó la propuesta el 30 de octubre, destacando que su objetivo es “encontrar luz en este ambiente de violencia que desafortunadamente vivimos en nuestro México”. Como parte del dictamen aprobado, se incorpora un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, lo que otorgaría al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de cultura de paz y legalidad. Tras su aprobación en comisión, el documento fue remitido a la Mesa Directiva para su programación legislativa.
Durante la discusión, el diputado priista Alejandro Domínguez expresó reservas sobre la falta de instrumentos que garanticen la implementación de nuevas normas. Señaló que otras legislaciones generales se han aprobado sin estar acompañadas de presupuesto o políticas públicas que aseguren su cumplimiento, razón por la cual su bancada decidió abstenerse. Añadió que persiste una ausencia de articulación entre seguridad nacional, interior, pública y ciudadana al evaluar la estrategia en conjunto.
A esta postura se sumó la diputada panista Laura Cristina Márquez, quien también votó en abstención con el argumento de que su bancada requiere un análisis más profundo sobre los alcances de una norma general de este tipo. En contraste, el presidente de la comisión, Leonel Godoy, sostuvo que en la discusión del presupuesto de 2027 habrá oportunidad de plantear reformas necesarias para respaldar la futura ley. Confió en que este proceso facilite que PAN y PRI reconsideren su postura cuando la reforma llegue al Pleno.
Por parte de Movimiento Ciudadano, la diputada Laura Hernández afirmó que la aprobación constituye un primer paso para que el Congreso pueda expedir una ley general que defina competencias entre los tres niveles de gobierno, establezca mecanismos de transparencia, precise rutas de denuncia y contribuya a reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones.
En otro punto de la sesión, la comisión aprobó con 18 votos a favor y seis en contra la realización de cuatro sesiones de consulta con especialistas para analizar la iniciativa que propone incluir una consulta de revocación de mandato en la boleta electoral de 2027. Se acordó que cada sesión tendrá una duración máxima de cuatro horas, divididas en dos bloques de dos horas, con la participación de hasta cuatro ponentes por bloque. Estas consultas se centrarán en el proyecto presentado por el vicecoordinador parlamentario, Alfonso Ramírez Cuéllar.