La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que se ejecutó una orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La acción se concretó tras la instrucción emitida por un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, quien autorizó el mandamiento judicial el 16 de mayo de 2024.
Según la información difundida por la institución federal, Duarte es investigado por su presunta participación en un mecanismo de lavado de dinero durante el periodo en que fungió como servidor público en el gobierno de Chihuahua. La FGR detalló que el exmandatario habría buscado “ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales”, utilizando estructuras del Sistema Financiero Mexicano para encubrir el origen de los fondos.
Esta nueva acusación se suma a los procesos que ya enfrenta en el ámbito estatal. La Fiscalía General de Chihuahua mantiene abiertos expedientes por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos relacionados con presuntos desvíos de recursos públicos durante su administración.
La trayectoria judicial de Duarte se ha extendido por varios años. Fue detenido inicialmente en Miami, Florida, el 8 de julio de 2020, como parte de una solicitud de captura internacional. Su extradición a México se concretó en junio de 2022, con el fin de que enfrentara los cargos pendientes en el país. Desde entonces, ha permanecido sujeto a diversos procedimientos penales.
En meses recientes, el exgobernador estuvo internado debido a problemas cardiacos y pulmonares que requirieron intervención médica. Su defensa legal señaló en ese momento que, por motivos de salud, el proceso podría continuar en libertad; sin embargo, la nueva orden de aprehensión fue cumplida conforme a lo determinado por la autoridad judicial federal.
Con la ejecución del mandamiento, las investigaciones en su contra avanzan en dos frentes: el federal, relacionado con presuntas operaciones con recursos ilícitos, y el estatal, vinculado a desvíos de fondos públicos. Las autoridades continúan integrando la información correspondiente para los procedimientos que siguen en curso.