La muerte del exgobernador venezolano Alfredo Díaz, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, reavivó cuestionamientos internacionales sobre las condiciones de detención en Venezuela y generó una fuerte reacción del gobierno de Estados Unidos, que calificó el caso como una muestra adicional del carácter represivo del régimen de Nicolás Maduro.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos calificó en X como un nuevo indicio de la “naturaleza vil del régimen criminal de Maduro” el fallecimiento del dirigente opositor, considerado preso político por diversos sectores antichavistas. Según Washington, su permanencia en El Helicoide, identificado por organizaciones humanitarias como un espacio donde se han denunciado malos tratos, evidenciaría el deterioro de las garantías para los detenidos por motivos políticos.
Las autoridades venezolanas, a través del Ministerio para el Servicio Penitenciario, afirmaron que Díaz sufrió un infarto. Esta versión coincide con lo reportado por organizaciones no gubernamentales y formaciones políticas que han seguido de cerca la situación de los privados de libertad por razones políticas. Sin embargo, la versión oficial no ha detenido las críticas internas, especialmente de figuras de la oposición.
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes se han posicionado como principales referentes opositores tras las polémicas elecciones presidenciales de julio de 2024, advirtieron que este caso forma parte de un “patrón sostenido de represión estatal”. Ambos recordaron que, desde esos comicios, ya se contabilizan siete muertes de detenidos políticos en centros de reclusión del país. Subrayaron además que la integridad del exgobernador recaía exclusivamente en las autoridades que ordenaron y ejecutaron su detención, afirmando que su fallecimiento no puede considerarse un hecho “común”.
El contexto político que rodeó el arresto de Díaz incrementa la tensión. El dirigente, también exalcalde y figura destacada de Acción Democrática, fue aprehendido en noviembre de 2024, tras haber cuestionado públicamente la falta de publicación detallada de los resultados de las presidenciales. En esos comicios, la coalición opositora denunció irregularidades que, a su juicio, favorecieron la reelección de Maduro. Días antes de su detención, Díaz también se pronunció sobre la crisis eléctrica que afectó a Nueva Esparta, señalando deficiencias en la gestión pública, mientras el gobierno atribuyó esos apagones a supuestos ataques opositores.
El pronunciamiento de Estados Unidos ocurre mientras aumentan las tensiones bilaterales por el despliegue de efectivos estadounidenses en el mar Caribe para operaciones antidrogas, un movimiento que Caracas ha interpretado como una amenaza directa. En este ambiente, la muerte de Díaz se convierte en un nuevo foco de presión internacional sobre la administración de Maduro, en un momento de alta sensibilidad política y diplomática.