El Tribunal Supremo de Estados Unidos extendió hasta el jueves el permiso para que la administración de Donald Trump mantenga suspendidos los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el sistema de cupones de alimentos del que dependen unos 42 millones de personas. La decisión mantiene en pausa los recursos destinados a las familias de bajos ingresos mientras se espera que el Congreso apruebe la reapertura del gobierno y la continuidad del presupuesto federal.
La medida fue tomada este martes, luego de que la jueza Ketanji Brown Jackson emitiera el pasado viernes una suspensión temporal de una orden judicial que obligaba al gobierno a reanudar los pagos. El Tribunal Supremo decidió ampliar esa suspensión dos días más, en lo que parece ser una maniobra para dar tiempo al Congreso de resolver la parálisis presupuestaria que mantiene cerrado el gobierno federal desde hace 42 días, el periodo más largo en la historia del país.
El conflicto surge de la falta de aprobación de un nuevo paquete de presupuesto. El Senado ya dio su visto bueno el lunes, gracias al voto conjunto de republicanos y un grupo de demócratas disidentes, pero la Cámara de Representantes aún debe votar el acuerdo y enviarlo al presidente para su firma. Hasta que eso ocurra, los pagos del SNAP y otros programas sociales continuarán detenidos.
El programa SNAP, administrado por el Departamento de Agricultura, es una de las principales redes de apoyo alimentario en Estados Unidos. Su suspensión afecta a millones de hogares que dependen de este beneficio mensual para comprar alimentos básicos.
Ante el cierre del gobierno, el Departamento había propuesto utilizar fondos de contingencia para cubrir solo la mitad del programa, lo que llevó a tribunales inferiores a exigir su financiamiento completo. La administración Trump apeló la decisión y llevó el caso hasta el máximo tribunal.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial por los cupones de alimentos se ha convertido en el principal foco legal del actual cierre de gobierno, que ha detenido el funcionamiento de múltiples agencias federales y frenado la operación de programas sociales en todo el país.
La prórroga otorgada por el Tribunal Supremo deja en espera a millones de beneficiarios que dependen del SNAP, mientras el Congreso busca destrabar el conflicto presupuestario y evitar que la suspensión de recursos se prolongue aún más. De aprobarse la extensión del presupuesto esta semana, el gobierno federal podría retomar sus funciones y liberar los fondos del programa alimentario antes del fin de semana.