Por unanimidad, la Cámara de Diputados dio un paso importante para proteger a los consumidores del sistema financiero. Con 467 votos a favor, se aprobó una iniciativa que prohíbe a los bancos y tiendas departamentales cobrar comisiones o aplicar penalizaciones por cancelar tarjetas de crédito o débito. La medida, que ahora pasará al Senado de la República, busca poner fin a prácticas que durante años afectaron a miles de usuarios y fortalecer los derechos de quienes deciden terminar su relación con una institución financiera.
El cambio más relevante es que a partir de esta reforma, ninguna entidad podrá generar cargos o comisiones sin el consentimiento expreso del cliente. Además, la cancelación de las tarjetas deberá estar disponible las 24 horas del día, durante todo el año, y podrá realizarse por distintos canales: presencial, telefónico o digital. Es decir, el proceso será más rápido, sencillo y sin pretextos.
La propuesta, impulsada por legisladores de Morena, plantea ajustes a la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros, incluyendo modificaciones a siete disposiciones normativas. Entre ellas, se reforman los artículos 18 Bis y 18 Bis-12 para establecer que mientras no exista un consentimiento claro del usuario, no podrán aplicarse cargos de ningún tipo, ni siquiera por anualidad o mantenimiento.
Otro punto clave es que el historial crediticio o el comportamiento de pago no podrán verse afectados por la cancelación de una tarjeta, ni reportarse al Buró de Crédito por la falta de uso. En caso de que una institución financiera realice cobros indebidos, estará obligada a devolverlos en un plazo máximo de cinco días. Esta medida busca evitar abusos y reforzar la confianza en los servicios financieros.
La iniciativa también atiende una práctica común: el envío de tarjetas o promociones sin solicitud del cliente. Con la reforma, las entidades deberán abstenerse de emitir o activar tarjetas no solicitadas, cerrando la puerta a un problema que había crecido silenciosamente en los últimos años.
La reforma aún debe ser discutida en el Senado, pero su aprobación en la Cámara Baja refleja un consenso político inusual. Si se ratifica, marcará un antes y un después en la relación entre bancos y usuarios, garantizando mayor transparencia, accesibilidad y control sobre los productos financieros. En pocas palabras, se trata de una medida que devuelve a los usuarios el poder de decidir cuándo y cómo usar —o dejar de usar— su tarjeta sin pagar un peso de más.