La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ha cancelado subvenciones por 20 mil millones de dólares que fueron otorgadas durante la administración del expresidente Joe Biden. Estos fondos, destinados a financiar proyectos de energía limpia a través del llamado «banco verde», han sido considerados por la nueva gestión como riesgosos y propensos a conflictos de interés.
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, justificó la revocación al argumentar que el dinero estaba siendo manejado por ocho organizaciones sin fines de lucro, algunas de ellas con vínculos políticos y sin experiencia en la administración de fondos de esta magnitud. Según Zeldin, la decisión busca reducir el desperdicio y garantizar mayor supervisión gubernamental.
Las organizaciones afectadas han reaccionado rápidamente. Climate United Fund, una de las entidades que recibiría 7 mil millones de dólares del Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero, ha presentado una demanda alegando que la congelación de fondos impide la operación del programa, afectando su capacidad de otorgar préstamos y pagar a sus empleados. Otras dos organizaciones, la Coalición por el Capital Verde y Power Forward Communities, también han demandado a Citibank, entidad financiera encargada de administrar los fondos, por la retención de recursos destinados a proyectos de energía limpia en comunidades vulnerables.
El «banco verde», creado en 2022 bajo la Ley de Reducción de la Inflación, fue una iniciativa respaldada por el Congreso y la administración Biden para financiar iniciativas sostenibles. Sin embargo, desde su aprobación, ha sido objeto de críticas por parte de legisladores republicanos, quienes lo consideraban un «fondo sin control». Zeldin reforzó esta postura al citar un video encubierto donde un exempleado de la EPA comparaba el manejo de estos recursos con «arrojar lingotes de oro desde el Titanic».
Los demócratas han calificado la acción de Zeldin como injustificada y motivada políticamente. El senador Sheldon Whitehouse, principal demócrata en el Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado, acusó al administrador de la EPA de actuar sin pruebas y de favorecer los intereses de la industria de combustibles fósiles.
Mientras las disputas legales avanzan, el futuro del «banco verde» queda en incertidumbre. La EPA, por su parte, mantiene su postura de que la cancelación de estos fondos es necesaria para garantizar el cumplimiento de la ley y prevenir posibles irregularidades en su distribución.