Las autoridades de Michoacán mantienen abiertas todas las líneas de investigación por el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, ocurrido el pasado 2 de noviembre durante una celebración del Día de Muertos. El caso ha tomado un nuevo rumbo luego de que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmara que también se indaga la muerte del presunto agresor, quien fue abatido por escoltas del edil momentos después de haber sido detenido.
De acuerdo con los primeros reportes, el atacante fue capturado tras el atentado, pero en medio de un forcejeo se registró un disparo que le causó la muerte. Por esta razón, los escoltas que formaban parte del dispositivo de seguridad de Manzo están siendo investigados para determinar cómo se desarrollaron los hechos y si se siguieron los protocolos adecuados durante la detención.
El operativo de seguridad del alcalde contaba con un equipo de ocho escoltas personales, además de un segundo anillo de protección integrado por elementos de la Guardia Nacional. Las autoridades analizan cómo se vulneró este esquema y qué fallas pudieron haber permitido el ataque, pese al nivel de resguardo con el que contaba el funcionario.
La Fiscalía de Michoacán concentra su trabajo en identificar a la célula del crimen organizado responsable del atentado y en establecer cuál fue el motivo detrás del homicidio. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y sus áreas de inteligencia, se desarrollan peritajes y revisiones para esclarecer tanto el ataque como los hechos posteriores en los que murió el presunto agresor.
El asesinato de Carlos Manzo ocurrió frente a su familia, en plena vía pública, mientras participaba en los festejos tradicionales del Día de Muertos. El crimen conmocionó a la comunidad de Uruapan y encendió nuevamente las alarmas por la violencia política que ha sacudido al estado en los últimos meses.
El homicidio se suma a una serie de ataques recientes contra líderes sociales y figuras públicas en Michoacán. Días antes del asesinato de Manzo, el líder citrícola Bernardo Bravo fue ultimado tras denunciar extorsiones y abusos en la industria del limón, una actividad económica clave en la región.
Las autoridades estatales mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer si el asesinato de Manzo tuvo motivaciones políticas o si se relaciona directamente con grupos delictivos que operan en la zona. Por ahora, el caso continúa bajo revisión ministerial, mientras se determina la responsabilidad de los escoltas en la muerte del atacante y se buscan avances en la identificación de los responsables intelectuales del crimen.