Después de seis semanas de incertidumbre, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para poner fin al cierre de gobierno más largo en la historia del país. Con una votación de 60 a favor y 40 en contra, los senadores lograron un acuerdo bipartidista que permitirá reanudar operaciones federales y pagar los sueldos atrasados de más de 650 mil trabajadores públicos que permanecían sin ingresos desde hace más de un mes.
El proyecto ahora pasará a la Cámara de Representantes para su ratificación final. Una vez aprobado, la medida permitirá financiar temporalmente al gobierno hasta el 30 de enero, mientras se discuten los presupuestos completos correspondientes al año fiscal 2026. La decisión representa un respiro para los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras agencias federales que habían visto suspendidas sus actividades por falta de recursos.
Durante los 41 días que duró el cierre, millones de estadounidenses resintieron los efectos del estancamiento político. Los funcionarios federales dejaron de recibir su salario, lo que obligó a muchos a solicitar donaciones de comida o préstamos de emergencia. Pese a la falta de pago, una gran parte de ellos siguió trabajando, especialmente en sectores considerados esenciales, como el control aéreo o la seguridad nacional.
El impacto se sintió también entre la población civil. Los programas de asistencia alimentaria se paralizaron, miles de vuelos fueron cancelados y los aeropuertos registraron retrasos constantes ante la falta de personal en torres de control y seguridad. La crisis llegó a un punto en el que analistas económicos alertaron que la parálisis del aparato federal comenzaba a afectar el crecimiento económico del país.
El motivo del desacuerdo entre republicanos y demócratas giró principalmente en torno a los subsidios de salud. La negativa de la oposición republicana a negociar la extensión de los créditos fiscales del programa Obamacare, que benefician a más de 24 millones de personas —en su mayoría adultos mayores—, mantuvo congeladas las conversaciones durante semanas. Finalmente, cinco senadores demócratas cambiaron su voto, lo que permitió alcanzar la mayoría necesaria para destrabar el proyecto.
De ser ratificado por la Cámara de Representantes, el acuerdo pondrá fin a una crisis sin precedentes en la administración pública estadounidense. Con ello, se reactivarán los servicios esenciales, se garantizará el pago retroactivo a los trabajadores afectados y se dará un respiro temporal al gobierno federal, que deberá retomar pronto las negociaciones presupuestales para evitar otro cierre en los próximos meses.