El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto que ordena la expropiación de 376,000 metros cuadrados de terrenos privados para el desarrollo de los tramos 1, 3 y 4 del Tren Maya, declarados de utilidad pública. De esta superficie, el 30% corresponde a 27 predios ubicados en municipios de Yucatán como Kanasín, Maxcanú, Tixpéhual, Bokobá y Umán, que suman 115,863 metros cuadrados.
El decreto establece que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), junto con Fonatur Tren Maya S.A. de C.V. y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), será responsable de coordinar los pagos de indemnización a los propietarios, basándose en avalúos realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Los dueños de los terrenos expropiados tienen un plazo de diez días hábiles para presentar un recurso judicial si consideran que el monto de la compensación es inadecuado. Asimismo, el decreto indica que si las tierras no son destinadas a las obras del Tren Maya, los afectados podrán ejercer acciones legales conforme a la normativa vigente.
El proceso de expropiación incluye además terrenos en Chiapas, Tabasco y Campeche, abarcando municipios como Palenque, Emiliano Zapata, Tenosique, Balancán, Escárcega y Calkiní.
El Tren Maya, cuya ruta comprende 1,525 kilómetros a través de cinco estados —Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo—, registra un avance del 80% en sus estaciones. Hasta el momento, 27 de las 34 paradas programadas están operativas.
Entre las estaciones en funcionamiento destacan:
- Chiapas: Palenque
- Tabasco: Boca del Cerro, Tenosique, El Triunfo
- Campeche: Candelaria, Escárcega, Carrillo Puerto, Edzná, Campeche, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní
- Yucatán: Maxcanú, Umán, Teya, Tixkokob, Izamal, Chichén Itzá, Valladolid
- Quintana Roo: Nuevo Xcán, Leona Vicario, Cancún Aeropuerto, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Tulum Aeropuerto, Felipe Carrillo Puerto
Este megaproyecto ferroviario busca fomentar el desarrollo turístico y económico en el sureste del país, pese a las implicaciones legales y sociales de los procesos de expropiación.