El proceso judicial contra Genaro García Luna suma un nuevo episodio en Estados Unidos, donde la Fiscalía solicitó formalmente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito que rechace la impugnación presentada por el exfuncionario mexicano en contra de la sentencia dictada en octubre de 2024.
En un documento extenso, los fiscales federales plantearon que los argumentos del exsecretario carecen de sustento jurídico y pidieron que se confirme la resolución emitida previamente. La solicitud está dirigida a mantener intacta la condena que le fue impuesta tras ser hallado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico y de proporcionar información falsa para obtener la ciudadanía estadounidense.
La defensa de García Luna ha sostenido que durante el proceso se le negó el acceso a información clasificada vinculada con su caso, además de que se limitaron interrogatorios que calificó como “comprometedores”. También cuestionó la negativa a concederle un nuevo juicio y calificó la pena impuesta como “sustantivamente irrazonable”.
Frente a estos señalamientos, la Fiscalía respondió que no existió actuación “arbitraria” ni “irracional” por parte de las autoridades judiciales. Según su exposición, el acusado tuvo la oportunidad de presentar las pruebas que consideró pertinentes, mientras que las acusaciones en su contra estuvieron respaldadas por diversos testimonios y elementos probatorios.
Entre las declaraciones citadas en el documento se encuentran las de figuras identificadas como líderes de alto rango dentro del crimen organizado, como Sergio Villarreal Barragán, Óscar Nava Valencia y Jesús Zambada García, quienes señalaron que García Luna habría otorgado beneficios a cárteles a cambio de sobornos. A estos testimonios se suman los de exfuncionarios como Edgar Veytia y Héctor Villarreal Hernández, quienes también afirmaron que el exsecretario recibió pagos ilícitos.
El documento enfatiza la proporcionalidad de la condena impuesta, al considerar la magnitud de los delitos atribuidos. «En resumen, García Luna no puede demostrar que la sentencia de conformidad con las directrices que se detallan a continuación fue «escandalosamente alta», a la luz de la amplitud y la audacia de los delitos del acusado y del estándar de revisión particularmente indulgente», se lee en el escrito presentado ante la corte.
La sentencia dictada en 2024 establece más de 38 años de prisión, además de cinco años de libertad condicional y el pago de una multa de 2 millones de dólares. El documento que respalda la postura de la Fiscalía fue firmado por Joseph Nocella y Adam Amir. Con esta acción, el gobierno estadounidense busca cerrar la vía de apelación y sostener la condena emitida contra el exfuncionario mexicano en tribunales de Nueva York.