En un fallo con amplio impacto para la comunidad migrante, una jueza federal en Boston detuvo el intento del gobierno de Donald Trump de revocar el estatus legal de miles de latinoamericanos que residen en Estados Unidos bajo protección temporal.
La jueza de distrito Indira Talwani bloqueó formalmente la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que pretendía reducir la duración del “parole” de dos años otorgado previamente por la administración de Joe Biden. La orden judicial recae sobre una política que buscaba limitar los beneficios para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en territorio estadounidense. La jueza consideró que dicha acción se basó en una “interpretación incorrecta de la ley”.
La medida representa un alivio inmediato para cientos de miles de migrantes beneficiarios del permiso temporal. En muchos casos, estas personas han logrado integrarse a la economía local, mientras aguardan oportunidades legales para regularizar su estatus migratorio.
Desde la administración actual, el discurso mantiene matices contradictorios. A la par del fallo judicial, Donald Trump declaró su intención de ajustar las prioridades de deportación, enfocándose en ciertos grupos que trabajan en sectores esenciales como la agricultura y la hotelería. “Tenemos que cuidar de nuestros agricultores, hoteles, y, ya saben, diversos sectores donde necesitan a la gente… trabajaremos con mucho cuidado en eso”, expresó el mandatario durante una reunión con su gabinete.
Trump sugirió la posibilidad de permitir que algunos inmigrantes permanezcan en el país de forma temporal para trabajar, con la condición de que eventualmente retornen a sus países de origen y puedan reingresar de manera legal. Esta propuesta, todavía sin detalles específicos, apunta a equilibrar la presión migratoria con las necesidades laborales de industrias altamente dependientes de mano de obra extranjera.
Por otro lado, la secretaria de Seguridad Interna, Kriti Noem, presentó un informe en el que destacó el avance de la campaña gubernamental para fomentar la salida voluntaria de indocumentados. Aunque evitó proporcionar cifras exactas, afirmó que la estrategia ha generado una respuesta positiva entre quienes buscan evitar procesos legales más severos.
El fallo judicial se convierte en un momento clave en la política migratoria del país, al suspender una orden que podría haber provocado el desplazamiento masivo de familias establecidas. La decisión, aunque sujeta a posibles apelaciones, marca un precedente en la defensa de los derechos legales de los migrantes bajo programas humanitarios aprobados por administraciones anteriores. La tensión entre medidas restrictivas y las realidades económicas sigue marcando el ritmo del debate migratorio en Estados Unidos.