El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, se deslindó de los hechos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el uso ilegal de cámaras del C5 capitalino por parte del Cártel de Sinaloa para espiar a un funcionario del FBI en 2018. En su posicionamiento, la administración actual señaló que los hechos ocurrieron durante la gestión de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la capital por el PRD entre 2012 y 2018.
El pronunciamiento oficial fue difundido por medio de las redes sociales del C5 CDMX, donde se precisó que el incidente tuvo lugar durante la etapa final del sexenio de Enrique Peña Nieto en el ámbito federal y del propio Mancera a nivel local, periodo en el que, según el comunicado, se negaba públicamente la presencia de grupos del crimen organizado en la capital del país.
La administración capitalina también respaldó a su antecesora directa, Claudia Sheinbaum, al destacar que durante su gestión se fortaleció el sistema de videovigilancia de la ciudad, cuadruplicando el número de cámaras instaladas. Además, aseguró que los datos sobre incidencia delictiva en gobiernos anteriores fueron manipulados. “Se ha demostrado que hubo maquillaje sistemático de cifras de incidencia delictiva y el homicidio doloso llegó a sus más altos niveles”, se lee en el documento.
El informe del Departamento de Justicia estadounidense, difundido el pasado viernes, detalla que el Cártel de Sinaloa accedió en 2018 a registros de llamadas telefónicas de un funcionario del FBI, incluyendo datos de ubicación. La información fue usada para rastrear sus movimientos y monitorear a las personas con las que sostenía reuniones, valiéndose del sistema de cámaras públicas de la Ciudad de México.
De acuerdo con la auditoría elaborada por el Inspector General del Departamento de Justicia, esta operación fue posible gracias a un hacker vinculado al cártel liderado por Joaquín «El Chapo» Guzmán. El documento menciona que el objetivo de esta vigilancia fue identificar y neutralizar a informantes o testigos que colaboraban con la agencia estadounidense, en algunos casos mediante intimidación y asesinatos.
El uso de la “vigilancia técnica ubicua” —término con el que se describe el aprovechamiento de tecnologías como cámaras públicas y bases de datos de comunicaciones— fue el eje central del análisis del Departamento de Justicia, el cual señaló que este tipo de herramientas, si no son debidamente reguladas, pueden ser utilizadas por actores criminales con acceso a recursos y conocimientos técnicos avanzados.
Hasta el momento, la administración de Clara Brugada mantiene su postura de deslinde, subrayando que los hechos pertenecen a un periodo anterior y que su gobierno mantiene una estrategia basada en la expansión, regulación y blindaje de la infraestructura tecnológica pública.