Una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos fue desarticulada tras siete meses de indagatorias, revelando un esquema que combinaba tomas clandestinas, compañías fachada y una compleja red logística para distribuir combustible en el centro del país.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el grupo tenía presencia en municipios del Estado de México e Hidalgo, entre ellos Jiquipilco, Polotitlán, Tepeji del Río, Apaxco, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautitlán Izcalli. Su operación incluía el uso de 61 pipas, 55 autotanques, 11 tractocamiones y distintos centros de almacenamiento.
El titular de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que la capacidad de extracción de la red alcanzaba niveles significativos. “Esta célula tenía una capacidad de extracción estimada de hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana en la región”, señaló en conferencia.
Las investigaciones también identificaron que la organización se apoyaba en al menos 10 empresas gaseras utilizadas como fachada para introducir el combustible robado al mercado formal. “El hidrocarburo robado era introducido al mercado a través de una red de empresas gaseras y centros de carburación, lo que permitía su venta al público y el blanqueo de los recursos obtenidos”, explicó García Harfuch.
Durante el operativo, autoridades ejecutaron cateos en 30 inmuebles —20 ubicados en el Estado de México y 10 en Hidalgo— que derivaron en la detención de siete personas. Entre ellas se encuentra Mauricio “N”, identificado como líder de la célula criminal y responsable de coordinar tanto la logística como la estructura financiera del grupo, incluyendo la dispersión de recursos hacia entidades como Querétaro, Chihuahua y Tamaulipas.
La SSPC indicó que esta red ocupó el lugar de otra organización previamente desmantelada en junio de 2025, la cual operaba en Querétaro, Estado de México y Ciudad de México.
Por su parte, Ulises Lara López, fiscal especial en investigación y asuntos relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), destacó que el grupo aprovechó vacíos en los sistemas de control para evadir obligaciones fiscales y regulatorias. “Estas empresas dedicadas al contrabando de combustible han recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales que han llegado a los 23 mil millones de pesos”, afirmó.