El Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió cerrar el caso relativo al supuesto financiamiento ilegal proveniente de la empresa Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, entre 2011 y 2012, debido a la falta de pruebas proporcionadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
El pleno aprobó por unanimidad que, en virtud de la carencia de información para continuar con las indagaciones —la cual sólo puede ser proporcionada por la fiscalía federal— el caso quedaría cerrado.
Dicha investigación también apuntaba que la campaña de Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México en 2017 fue beneficiada por recursos de procedencia ilícita. Ese mismo año comenzaron las diligencias por parte de las autoridades electorales. No obstante, se acusó que la FGR no cooperó con la documentación solicitada, por lo que el juicio fue sobreseído.
La justificación fue que el tiempo de las investigaciones está por vencer, además de que le es imposible al instituto seguir las pesquisas sin la información a la que únicamente la FGR tiene acceso, pese que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha emitido diversas órdenes para que sea expuesta.
El aún consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova Vianello —quien dejará el cargo el próximo lunes— indicó que uno de los objetivos de la supresión del caso es que los partidos políticos procedan a impugnar para que, de nueva cuenta, comiencen las indagatorias; ahora con una orden definitiva para que los archivos de la FGR sean revelados.
Asimismo, señaló que ahora se cierra el caso por falta de tiempo; no obstante, exhortó a los representantes partidarios a contribuir con las atribuciones del INE.
En respuesta, el diputado Arturo Prida, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el INE, expuso que sí impugnarán, pues “el silencio” de la fiscalía es muestra del “pacto de impunidad” firmado entre la actual administración de Andrés Manuel López Obrador y el anterior presidente, Enrique Peña Nieto.
En tanto, Córdova Vianello aseveró que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero es la única que puede acceder a los archivos del presunto caso de corrupción.
Además, agregó que la FGR es la única facultada —a través de sus convenios— para solicitar información a otras autoridades en el extranjero, tales como al gobierno de Brasil, el cual indagó el entramado de corrupción que abrazó a la empresa constructora, la cual se vio involucrada con más de una decena de países latinoamericanos.