En un escenario político cargado de tensiones y expectativas, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha confirmado que Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), obtuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para la próxima legislatura que comienza en septiembre. Con 364 de las 500 curules, esta mayoría permitirá al bloque oficialista impulsar reformas constitucionales sin necesidad de negociar con la oposición, lo que ha desatado una serie de críticas y preocupaciones en distintos sectores.
El Consejo General del INE aprobó esta distribución con una votación dividida: seis consejeros a favor y cuatro en contra. Las voces disidentes, especialmente del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, argumentaron que la asignación de escaños plurinominales debería haberse hecho por partido y no por coalición. Según sus cálculos, esto habría evitado lo que consideran una «sobrerrepresentación» de Morena y sus aliados. Sin embargo, la propuesta fue desestimada por la mayoría del Consejo.
Durante la sesión extraordinaria, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, defendió la decisión del órgano electoral: «El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía con su voto». Con estas palabras, Taddei subrayó la legitimidad del proceso electoral y la voluntad popular expresada en las urnas, alejando cualquier sospecha de manipulación o favoritismo.
Sin embargo, no todos compartieron esta visión. Claudia Zavala, otra de las consejeras, presentó una propuesta de modificación argumentando que «la asignación de curules que este proyecto de acuerdo propone no refleja de manera objetiva la pluralidad que la ciudadanía expresó el 2 de junio». Su propuesta fue rechazada, y la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados quedó oficialmente validada.
El impacto de esta mayoría calificada no es menor. Con el control de 364 escaños, Morena y sus aliados están en posición de realizar cambios profundos en la Constitución sin necesidad de consenso con la oposición. Entre las reformas más esperadas se encuentra la del Poder Judicial, una de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca ajustar la estructura y funcionamiento de este poder, bajo la premisa de combatir la corrupción y hacer más accesible la justicia.
Además, se prevén cambios que podrían redefinir la estructura política del país. Eliminar los organismos autónomos, reformar el árbitro electoral y abolir las diputaciones plurinominales son solo algunas de las medidas que podrían concretarse antes del 1 de octubre, fecha en la que Claudia Sheinbaum asumirá como la primera presidenta de México.
Por otro lado, en el Senado, la historia es ligeramente distinta. Aunque Morena y sus aliados lograron una posición dominante, con 83 de los 128 escaños, se quedaron a dos senadurías de alcanzar la mayoría calificada. Esta situación abre una pequeña ventana para la oposición, que podría tener un mayor margen de maniobra en la Cámara Alta, aunque sigue enfrentando un desafío considerable para influir en las decisiones legislativas.
La confirmación de estos resultados ha generado reacciones mixtas en distintos sectores de la sociedad. Empresarios, académicos y líderes de opinión han expresado su preocupación por el futuro de la democracia en México. Temen que la concentración de poder en manos de un solo bloque pueda debilitar los contrapesos institucionales y reducir la diversidad de opiniones en el proceso legislativo.
No obstante, desde Morena, la visión es completamente opuesta. Sus líderes ven en esta mayoría calificada una oportunidad histórica para implementar las transformaciones profundas que han prometido desde la llegada de López Obrador al poder. «Este es el mandato que nos ha dado el pueblo de México. No lo vamos a desperdiciar», declararon fuentes cercanas al partido.