La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales quedó avalada a nivel constitucional, estableciendo un nuevo marco para las condiciones de trabajo en México. El cambio representa una disminución de ocho horas respecto al esquema actual de 48 horas, sin afectar sueldos, salarios ni prestaciones. La reforma garantiza que la reducción no implicará recortes económicos para las personas trabajadoras y fortalece el derecho al descanso semanal.
El nuevo texto constitucional fija como obligatoria una jornada máxima de 40 horas, que también quedará armonizada en la Ley Federal del Trabajo. Además, se establece de manera expresa que los trabajadores deberán contar con al menos un día de descanso por cada semana laboral. En este contexto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha considerado que el nuevo modelo deberá traducirse en dos días de descanso para las y los empleados. La reforma también refuerza la protección de menores de edad al prohibir que realicen horas extraordinarias.
La implementación del nuevo esquema será progresiva. El calendario aprobado contempla que el año 2026 funcione como periodo de adecuación para empresas y trabajadores. A partir de 2027 comenzará la reducción gradual de dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas semanales en enero de 2030. Este mecanismo busca permitir ajustes operativos y contractuales sin alterar la estabilidad laboral ni los ingresos.
El cambio fue formalizado por el pleno del Senado de la República, que realizó la declaratoria de aprobación constitucional tras recibir el aval de la mayoría de los congresos estatales. La reforma modifica las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral.
Durante la sesión, se llevó a cabo el escrutinio de los votos aprobatorios emitidos por los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México, con lo que se cumplió el requisito constitucional de mayoría de entidades federativas.
Tras la declaratoria, el decreto será remitido al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Aún queda pendiente que el Congreso de la Unión expida la legislación reglamentaria que establecerá los lineamientos específicos para la aplicación plena de la reforma.