Un juzgado federal instruyó al Ejército mexicano a entregar información considerada relevante para avanzar en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. La resolución establece que los documentos no pueden reservarse como confidenciales ni secretos debido al interés público y al derecho de las familias a conocer la verdad.
El fallo fue emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México, que ordenó a las Fuerzas Armadas proporcionar 853 folios generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI), instancia que produjo información el año en que se registraron los hechos en Ayotzinapa.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representante legal de las víctimas y sus familias, la sentencia señala que la ausencia de continuidad en los archivos no prueba que estos no existan. Por el contrario, indica que es un indicio de que la información se encuentra en poder de autoridades militares y debe ser entregada para su análisis.
La resolución también precisa que los documentos solicitados no pueden clasificarse bajo criterios de seguridad nacional o confidencialidad, ya que prevalece el interés superior de las familias y de la sociedad en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Este expediente se ha convertido en uno de los más emblemáticos en materia de derechos humanos en México.
Tanto los familiares de los estudiantes desaparecidos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes han señalado en distintas etapas del proceso que el Ejército habría retenido información clave para determinar el paradero de los jóvenes y reconstruir lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014. La Secretaría de la Defensa Nacional no emitió una postura inmediata sobre la determinación judicial.
El fallo fue dictado el 19 de febrero. Consultada al respecto en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó no tener conocimiento del fallo en ese momento, aunque reiteró que tiene previsto reunirse con los padres de los normalistas a finales de marzo. La orden judicial abre un nuevo capítulo en el proceso de acceso a información militar vinculada al caso y coloca bajo obligación formal a las Fuerzas Armadas para entregar los documentos requeridos como parte de la investigación en curso.