En una medida sin precedentes en la historia reciente de México, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) han decidido poner en pausa la maquinaria judicial del país, en un contundente rechazo a la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde la medianoche del miércoles 21 de agosto, los órganos jurisdiccionales, a excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han cesado sus actividades de manera indefinida.
La decisión de los juzgadores federales, ratificada este martes con la declaratoria formal de suspensión de actividades, refleja una profunda preocupación por el impacto que la reforma podría tener en la independencia y el funcionamiento del sistema de justicia en México. Entre los puntos más controvertidos de la iniciativa presidencial se encuentra la propuesta de que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, una medida que, según los críticos, socavaría la imparcialidad y profesionalismo que se requiere en estas posiciones.
“La justicia no es un espectáculo, y no puede estar sujeta a los vaivenes de la popularidad,” comentó la jueza Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial, en una entrevista reciente. “Estamos aquí para defender un sistema que garantice la igualdad ante la ley, no para convertirnos en marionetas de intereses políticos.”
El paro de jueces y magistrados se suma a la huelga iniciada este lunes por unos 55 mil trabajadores del PJF en todo el país. Estos empleados, que forman el corazón operativo del sistema judicial, han expresado su rechazo a la reforma, advirtiendo que podría desmantelar la carrera judicial basada en méritos y, en su lugar, introducir un sistema susceptible de corrupción e influencias externas.
Ante esta situación, el Poder Judicial ha anunciado que, durante el paro, solo se atenderán los casos de extrema urgencia. Entre ellos, aquellos relacionados con la materia penal en los que esté en juego la libertad de una persona, así como aquellos en los que exista un riesgo inminente para la vida. Para garantizar la atención de estos asuntos críticos, se implementarán guardias en las sedes judiciales, tal como se hizo durante la pandemia de COVID-19.
El presidente López Obrador, por su parte, ha defendido la reforma con vehemencia, asegurando que esta no perjudicará a los trabajadores del Poder Judicial, sino que busca erradicar la corrupción y los privilegios enquistados en el sistema. Durante su conferencia matutina del lunes, el mandatario expresó: “Nosotros no estamos en contra de los trabajadores de México, estamos en contra de la corrupción y de los privilegios, y hay corrupción en el Poder Judicial, los trabajadores lo saben”.
Sin embargo, las palabras del presidente no han logrado apaciguar las preocupaciones de los involucrados. La votación interna llevada a cabo por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) mostró un abrumador respaldo a la huelga, con 1,202 jueces a favor de la suspensión y solo 201 en contra.
El paro indefinido que ha comenzado hoy representa una clara advertencia de la resistencia que enfrentará la reforma en su camino por el Congreso, donde se espera que sea discutida el próximo 26 de agosto. Los trabajadores judiciales han dejado en claro que no cederán hasta que sus preocupaciones sean “escuchadas, tomadas en cuenta y reflejadas en nuestra Constitución”.