Un juez federal resolvió este domingo vincular a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La determinación judicial se emitió a menos de una semana de que fuera ejecutada la orden de aprehensión en su contra y fue confirmada por la defensa del exmandatario.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la imputación está relacionada con la presunta participación de Duarte en un esquema de lavado de dinero durante el periodo en que se desempeñó como servidor público en el c. Las autoridades federales sostienen que el exgobernador habría utilizado mecanismos del Sistema Financiero Mexicano para ocultar recursos presuntamente desviados del erario estatal.
Según la acusación presentada por la FGR, el monto involucrado en las operaciones bajo investigación asciende a 73 millones 925 mil pesos. Dichos recursos, de acuerdo con la versión ministerial, tendrían un origen ilícito y habrían sido canalizados mediante distintas transacciones con el objetivo de encubrir su procedencia.
En un comunicado difundido el lunes, se precisó que la orden de detención contra el exgobernador fue emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez. Esta orden fue cumplimentada días antes de que se resolviera su situación jurídica con la vinculación a proceso.
César Duarte fue detenido inicialmente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, como resultado de una solicitud de las autoridades mexicanas. Posteriormente, tras un proceso legal en Estados Unidos, fue extraditado a México en junio de 2022 para enfrentar diversos procedimientos penales pendientes en territorio nacional.
A lo largo de su proceso judicial, la defensa del exmandatario ha informado sobre su estado de salud. A mediados del presente año, Duarte se encontraba hospitalizado tras someterse a un procedimiento médico relacionado con un problema cardíaco y una afección pulmonar. En ese contexto, sus abogados señalaron que continuaría enfrentando el proceso en libertad, en tanto se resolvían las etapas legales correspondientes.
La vinculación a proceso marca un avance relevante dentro de la causa penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, al permitir que la investigación judicial continúe bajo supervisión del juez. Con esta resolución, el caso se mantiene en curso mientras se desarrollan las diligencias y actuaciones previstas en el marco legal.
Las autoridades federales no han detallado públicamente nuevas fechas clave del procedimiento, mientras que la defensa ha confirmado la resolución judicial sin emitir mayores comentarios adicionales. El proceso se desarrolla conforme a las disposiciones del sistema penal federal vigente.