Este miércoles se presentó un nuevo revés más a los argumentos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre los Libros de Texto Gratuitos por lo que la suspensión que frena la distribución de los mismos se mantiene vigente.
Una jueza federal señaló que las autoridades educativas no comprobaron la publicación de los planes de estudio para educación Primaria en el Diario Oficial de la Federación.
Además no acreditaron la aplicación de los mecanismos necesarios para que la impresión de los libros de texto se haya realizado conforme a los programas educativos aprobados de acuerdo a la Ley General de Educación vigente.
La juzgadora reconoció que recibió una serie de documentos desde la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos sin embargo, no comprobaron que para salvaguardar el derecho a la educación de la niñez mexicana se hayan apegado a las normas vigentes para poder publicar y distribuir el nuevo material educativo.
Esto provoca, de forma directa, que la distribución de millones de copias de 14 de los 33 Libros de Texto Gratuitos en escuelas del país sea completamente ilegal.
Según registros judiciales la SEP no siguió el debido proceso pues debió dar a conocer en el Diario Oficial de la Federación los programas educativos.
Se trata de un total de 14 libros de texto gratuitos que por una orden judicial no deben distribuirse en las escuelas del país: cinco de primer grado de primaria; cinco de segundo grado; dos de tercero y otros dos de cuarto grado, los cuales no se adecuaron a los planes y programas de estudio vigentes para el ciclo escolar que iniciará el 28 de agosto.
El gobierno del estado de Chihuahua presentó el pasado 8 de agosto una controversia constitucional contra la distribución de los Libros de Texto Gratuitos, que quedó registrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta nueva demanda se suma al amparo que tanto la Unión Nacional de Padres de Familiacomo la Secretaría de Educación Pública buscan que resuelva próximamente la Segunda Sala de la SCJN y se ponga punto final al pleito legal por el contenido del material educativo que pretende distribuir el Gobierno de México. (Información Fuerza Informativa Azteca)