La resolución del caso entre Grupo Elektra y el Servicio de Administración Tributaria avanzó con un giro definitivo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el amparo promovido por la empresa para evitar el pago de un crédito fiscal de 33 mil millones de pesos. La nueva integración del tribunal votó por unanimidad el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, con lo que quedó firme la postura del SAT en este litigio que llevaba más de una década en movimiento.
El procedimiento se remonta a agosto de 2024, cuando la entonces presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, admitió el amparo directo en revisión 6321/2024 solicitado por la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Ese recurso buscaba impugnar el crédito fiscal por impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio de 2013. Tras la admisión, la Secretaría de Hacienda y el SAT promovieron un recurso de reclamación al considerar que el caso no presentaba interés constitucional y que no existían argumentos suficientes para justificar su revisión en el máximo tribunal.
El expediente fue turnado inicialmente al ministro Alberto Pérez Dayán, pero con la llegada de nuevos integrantes a la SCJN, el caso pasó a la ponencia del ministro Guerrero García. En su análisis, el ministro ordenó la revisión completa del itinerario jurídico y expuso una línea del tiempo que detalló cada etapa del litigio, incluida la negativa de la extinta Segunda Sala en 2023 para atraer el asunto al no considerarlo extraordinario.
La votación evidenció coincidencia entre los ministros. Tanto Giovanni Figueroa Mejía, como Lenia Batres y Hugo Aguilar Ortiz destacaron que el caso no aportaba elementos nuevos y formaba parte de una serie de recursos que Grupo Elektra había interpuesto para evitar el pago del crédito fiscal. La Corte también resolvió un impedimento promovido por la empresa contra dos ministras, el cual fue declarado improcedente antes de la discusión final.
La decisión consolidó la improcedencia del amparo y dio por válidos los argumentos de las autoridades hacendarias. Con ello, quedó firme la obligación de Grupo Elektra de cubrir los 33 mil millones de pesos que el SAT determinó tras la revisión fiscal. La resolución marcó el cierre de un proceso extenso y definió que el caso no reunía condiciones para un examen constitucional, dejando establecida una postura unánime del tribunal en torno al cumplimiento del crédito fiscal.