Más de 4 mil acusados de narcotráfico podrían quedar en libertad si la Suprema Corte elimina la prisión preventiva oficiosa
La posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa en México ha generado una gran controversia debido a sus implicaciones para la seguridad nacional. Actualmente, seis de cada diez presos federales están vinculados a los cárteles más poderosos del país, como Los Zetas, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa. Según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), más de 4 mil de estos reclusos podrían quedar en libertad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional esta medida cautelar.
Hasta marzo de este año, los penales federales albergaban a 20,628 personas, de las cuales 11,823 eran miembros de organizaciones delictivas y 8,805 no tenían vínculos con estas. Esto significa que el 57% de los reclusos federales están relacionados con el narcotráfico. Los datos indican que Los Zetas es el grupo criminal con más miembros encarcelados, con 1,536 reos, seguido por los cárteles de Jalisco y Sinaloa, con 1,338 y 1,140 presos, respectivamente.
Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), señala una alta probabilidad de que estos presos se reincorporen a alguna banda criminal si son liberados, ya que muchos no tienen otras habilidades. Rodríguez prevé que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa no será inmediata, pero advierte sobre la presencia de miembros de cárteles que ya no operan, reflejando detenciones de administraciones pasadas.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, advirtió que la eliminación de esta medida podría significar la liberación de 68 mil presuntos delincuentes a nivel federal y estatal. Esta posible liberación masiva preocupa a las autoridades debido a los riesgos que representa para la seguridad pública y nacional. Alcalde destacó que estos individuos, presuntamente asociados a grupos del crimen organizado, poseen capacidad económica y operativa para continuar delinquiendo o fugarse.
Los defensores de eliminar la prisión preventiva oficiosa, recogida en el artículo 19 de la Constitución, argumentan que esta medida viola la presunción de inocencia al encarcelar a personas que legalmente no son culpables. Este sistema afecta principalmente a los más pobres, quienes no pueden costear una buena defensa y pasan años en prisión sin recibir sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que esta práctica en México es contraria a las garantías internacionales y debe ser usada solo en casos excepcionales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la prisión preventiva como un instrumento crucial para combatir la delincuencia y ha pedido al máximo tribunal que no apruebe su eliminación. Todos los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México presentaron un recurso de Amicus Curiae ante la SCJN, advirtiendo que una decisión en contra de esta medida impactaría directamente en la seguridad y gobernabilidad del país.
El ex presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, opinó que no se puede eliminar la prisión preventiva oficiosa de inmediato sin un sistema de medidas cautelares que garantice la vigilancia de los procesados en libertad. Este sistema de medidas aún no existe en México, lo que hace peligrosa la apertura del debate sin una estructura de reemplazo adecuada. Según Gerardo Rodríguez, pasarán alrededor de dos años antes de que se pueda implementar un modelo de transición que sustituya efectivamente a la prisión preventiva oficiosa.
La decisión de la SCJN sobre la eliminación de esta medida cautelar será crucial para el futuro del sistema de justicia penal en México, mientras el país enfrenta el desafío de equilibrar los derechos humanos con la seguridad nacional.