El Poder Judicial de la Federación ha ordenado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) asegurar la realización de la Prueba PISA en México en 2024, tras un amparo presentado por la organización Educación con Rumbo.
Hasta la fecha, las autoridades educativas no han garantizado la aplicación de esta prueba, que evalúa las habilidades en lectura, matemáticas y ciencias de estudiantes de 15 años, bajo la supervisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz señaló que la SEP y Mejoredu han ignorado la suspensión concedida por el Poder Judicial, lo que podría acarrear sanciones que van desde multas hasta destituciones y procedimientos penales.
«Es sorprendente que la SEP y Mejoredu no hayan cumplido con la suspensión, desobedeciendo tanto una instrucción presidencial como un mandato judicial. La Secretaria de Educación Pública y la presidenta de Mejoredu deben rendir cuentas a la sociedad y a las autoridades competentes», comentó Ortiz.
Paulina Amozurrutia, coordinadora Nacional de Educación con Rumbo, destacó que aún hay tiempo para realizar la prueba, ya que quedan ocho semanas del ciclo escolar, durante las cuales debe efectuarse una prueba piloto para establecer los parámetros de PISA a implementarse en 2025.
Amozurrutia enfatizó que oponerse a la Prueba PISA es ir en contra del derecho de los niños a recibir una educación científica, de excelencia y mejora continua, como lo establecen la Constitución y los tratados internacionales.