Desde el primer minuto de este viernes comenzaron a aplicarse en todo el país las reformas a la Ley General de Salud que establecen la prohibición total de los cigarrillos electrónicos, vapeadores y cualquier dispositivo análogo. La entrada en vigor se formalizó con la publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que marca un nuevo escenario legal para la producción, comercialización y uso de estos productos en territorio nacional.
Las modificaciones, aprobadas en diciembre pasado por el Senado de la República con el respaldo de legisladores de Morena y partidos aliados, definen con precisión las conductas que ahora serán sancionadas conforme a la ley. El documento oficial señala de manera expresa que queda prohibida “en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos aquellos que son desechables o de un solo uso”.
El decreto incorpora estas restricciones en el artículo 282 Quáter de la Ley General de Salud y establece consecuencias penales severas para quienes incumplan la norma. En el artículo 456 se contempla que las personas que realicen cualquiera de las conductas prohibidas podrán enfrentar sanciones de uno a ocho años de prisión, además de una multa económica que va de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). “Al que realice por cualquier medio alguna de las conductas a que se refiere el artículo 282 Quáter de esta Ley, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, precisa el texto legal.
El proceso legislativo se concretó en el último día del periodo ordinario de sesiones. Durante esa jornada, el pleno del Senado aprobó sin modificaciones la minuta de reformas, luego de que Morena decidiera no dispensar el trámite de dictaminación en comisiones, con el objetivo de evitar una eventual impugnación por presuntas violaciones al procedimiento legislativo.
La votación reflejó una mayoría clara: en lo general se registraron 76 votos a favor y 37 en contra. Tras ese resultado, se abrió la discusión en lo particular. La oposición manifestó su desacuerdo y advirtió sobre el riesgo de la creación de un mercado negro como consecuencia de la prohibición, postura que no frenó el avance de la reforma.
Con la entrada en vigor de estas disposiciones, las autoridades federales cuentan con un nuevo marco jurídico para sancionar de manera directa todas las actividades relacionadas con los vapeadores, desde su fabricación hasta su consumo, reforzando así la política de control sanitario en el país.