El gobierno de México interpuso el lunes una nueva demanda contra compañías estadounidenses a las que responsabiliza del flujo de armas ilegales hacia México.
La primera demanda, que no prosperó al ser desestimada recientemente por un Juez federal estadounidense, se enfocaba en los fabricantes estadounidenses de armas de fuego. La segunda, de acuerdo a lo que señala el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, la cual se presentó el lunes en Arizona, se enfoca en los vendedores de armas.
Ebrard señaló que la nueva demanda se enfocaría en las tiendas o distribuidores de armas de fuego en los estados limítrofes con México que venden armas a prestanombres que las facilitan a los traficantes, quienes las traen a México.
El anuncio de esta segunda demanda surge varios días después de que fuera desestimada la primera contra los fabricantes de armas en Estados Unidos por lo que el Secretario dijo que México apelaría ese fallo. El juez dictaminó que las acusaciones del gobierno mexicano no estaban por encima de las protecciones que establece la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, aprobada en 2005, a los fabricantes de armas. Dicha ley protege a los fabricantes de armas de los daños y perjuicios “resultantes del uso criminal o ilícito” de un arma de fuego.
De acuerdo a datos de Relaciones Exteriores, se considera que alrededor del 60% de las armas de fuego que se han incautado en el país en los últimos años proceden de 10 condados de Estados Unidos, la mayoría de ellos ubicados en la frontera entre ambas naciones. México tiene estrictas restricciones a la posesión de armas de fuego, pero la violencia de los cárteles del narcotráfico ha cobrado cientos de miles de vidas en el país en años recientes, así lo señaló Ebrard la semana pasada en una comparecencia ante el Senado mexicano.
Una ley estadounidense promulgada recientemente criminaliza las ventas por intermediarios y establece sentencias de entre 15 y 25 años en prisión en caso de que la ofensa esté relacionada al tráfico de drogas.
