La Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha asignado a la ministra Loretta Ortiz Ahlf la acción de inconstitucionalidad 116/2024, presentada por legisladores de oposición en contra del Fondo de Pensiones para el Bienestar, decretado el 1 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ortiz Ahlf, quien fue fundadora de Morena y miembro activo del partido hasta 2018, determinará si la impugnación interpuesta el 28 de mayo procederá. “Con el escrito y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico”, se lee en el comunicado de la SCJN. “Túrnese este expediente a la ministra Loretta Ortiz Ahlf para que instruya el procedimiento correspondiente”.
El Senado confirmó a Ortiz Ahlf como ministra el 23 de noviembre de 2021, con 92 votos a favor. Ha ocupado diversos cargos, incluyendo su participación en el Consejo de la Judicatura Federal y en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México.
Ortiz Ahlf se ha manifestado en contra de la elección de ministros de la SCJN por voto popular, una propuesta del presidente López Obrador apoyada por Claudia Sheinbaum. Durante un foro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, argumentó que los ministros no deben actuar en función de su popularidad.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar, aprobado el 1 de mayo, contempla una bolsa inicial de hasta 40 mil millones de pesos de cuentas de fondo para el retiro inactivas. Está diseñado para garantizar jubilaciones del 100% del último sueldo, con un tope de 17 mil pesos.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aclaró que este fondo no es general, sino específico para igualar a los retirados según la reforma de 1997. Al anunciar la impugnación, los coordinadores del PAN, PRI y PRD expresaron su preocupación por el uso de recursos de las afores, calificándolo de “saqueo a los mexicanos”.
El nuevo fondo utilizará recursos de cuentas inactivas de administradoras de fondos para el retiro (afores) de trabajadores mayores de 70 años en el sector privado y 75 años en el sector público. La reforma prevé financiamiento adicional de adeudos de diversas entidades y recursos provenientes de la enajenación de bienes por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, entre otros.