A casi dos años de haber impulsado la reforma judicial, diputados de Morena presentaron una nueva iniciativa que modifica su propio proyecto y propone aplazar hasta junio de 2028 la elección de personas juzgadoras, con el argumento de evitar riesgos institucionales y reducir la presión operativa sobre la autoridad electoral.
El documento, firmado por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, señala que realizar estos comicios junto con otras elecciones generaría “una menor deliberación pública sobre perfiles técnicos; saturación informativa para el electorado; incremento del voto desinformado; politización de candidaturas judiciales; y presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral”.
La iniciativa propone que la designación de jueces se convierta en un “proceso electoral propio” y no coincida con comicios políticos. “Es importante que la elección de personas juzgadoras posea un proceso electoral propio… la presente iniciativa propone recorrer la próxima elección judicial a junio de 2028”, indica el proyecto.
Además del cambio de fecha, el planteamiento introduce nuevos requisitos para aspirantes. Se propone sustituir los promedios académicos mínimos actualmente exigidos por la certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial y ampliar la experiencia profesional mínima de cinco a diez años en el ejercicio jurídico.
Para la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la iniciativa establece que cinco de las nueve ministras y ministros deberán acreditar al menos cinco años de experiencia dentro del Poder Judicial, mientras que para las otras cuatro posiciones no será obligatorio contar con trayectoria judicial previa.
El proyecto también modifica requisitos constitucionales, como el relativo a la nacionalidad, que pasaría de “ser ciudadano mexicano por nacimiento” a “tener la ciudadanía mexicana”. Asimismo, propone impedir que aspirantes hayan ocupado cargos políticos relevantes o militado en partidos durante el año previo a la convocatoria.
En materia operativa, la propuesta retira al Senado la facultad de informar vacantes y establece que el Instituto Nacional Electoral publique la convocatoria a más tardar el 1 de septiembre del año previo a la elección. También plantea la creación de un Comité Único de Evaluación para sustituir el modelo actual, con exámenes elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
El documento, respaldado también por Olga Sánchez Cordero, Alfredo Vázquez y Mariana Benítez, contempla que cada cuatro años el Pleno de la Corte elija a su presidencia, sin posibilidad de reelección inmediata. La iniciativa, que modifica diversos artículos constitucionales, será turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su discusión. La reforma judicial original fue aprobada en septiembre de 2024.