El fallecimiento del exgobernador venezolano Alfredo Díaz dentro de un centro penitenciario volvió a encender las alertas sobre las condiciones de detención en el país. La organización Foro Penal confirmó la muerte del político, quien permanecía privado de la libertad desde hacía más de un año y, de acuerdo con la ONG, se encontraba en aislamiento bajo custodia del Estado. Su director presidente, Alfredo Romero, informó que el deceso ocurrió mientras cumplía su proceso en prisión.
Díaz, figura política de larga trayectoria en Nueva Esparta, ocupó la gobernación de esa entidad insular entre 2017 y 2021. Antes, había sido alcalde del municipio Mariño por casi una década, luego de tres periodos como concejal iniciados en 1995. Su detención se produjo en medio de tensiones políticas y, según diversas voces opositoras, marcó un episodio más dentro de los casos considerados como persecución a figuras críticas del gobierno.
El opositor Leopoldo López, desde España, afirmó que la muerte del exgobernador estuvo precedida por reiteradas solicitudes de atención médica que no fueron atendidas. En un mensaje difundido en X, señaló que Díaz se convirtió en “otra víctima de la dictadura” y envió condolencias a sus familiares, así como a militantes de Acción Democrática y residentes de Nueva Esparta. López destacó que compartió con él “la lucha por la libertad”, subrayando el impacto emocional de la noticia para quienes coincidieron en su trayectoria política.
En la misma línea, Antonio Ledezma —exalcalde de Caracas— recordó a Díaz como un defensor persistente de los valores democráticos, al tiempo que responsabilizó a las autoridades penitenciarias por su muerte. En su mensaje público aseguró que el exgobernador padecía problemas cardiacos documentados y que, pese a conocer su estado de salud, se le negó asistencia médica urgente. Ledezma afirmó que Díaz falleció en una de las cárceles administradas por el gobierno de Nicolás Maduro, acusando directamente al Estado de haber permitido el desenlace.
La noticia también generó reacciones de otros dirigentes opositores. Juan Guaidó lamentó la pérdida y destacó que el exgobernador deja 17 hijos, además de asegurar que, según su postura, “habrá justicia” en torno al caso. Las declaraciones se sumaron al clima de indignación que generó la muerte del político, considerado por sus aliados como uno de los líderes regionales más relevantes de la última década.
A días de su detención, el 15 de octubre de 2024, Díaz había hecho una publicación en X en la que evocó los desafíos de su administración en Nueva Esparta, describiendo los años de gobierno como un periodo complejo en lo político, económico y social. En ese mensaje subrayó que, pese a las dificultades, su gestión mantuvo el compromiso con la defensa de la democracia y el respeto “a la soberanía popular” y al derecho al voto.
La muerte de Alfredo Díaz en custodia estatal reavivó las críticas sobre el trato a los presos políticos y las condiciones de salud en los centros penitenciarios venezolanos, particularmente en casos donde se han denunciado solicitudes de atención médica no atendidas.