La Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió una alerta dirigida al gobierno de México por el impulso a una serie de megaproyectos de gas fósil licuado (GFL) propuestos en el Golfo de California. A través de una comunicación oficial remitida el 2 de septiembre y firmada por nueve relatorías especiales, el organismo expresó su “profunda preocupación” por la legalidad, la viabilidad climática y la compatibilidad con los derechos humanos de estas iniciativas, de acuerdo con un comunicado difundido por organizaciones civiles.
La ONU advierte que las terminales Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG y GNL Cosalá, junto con los gasoductos Sierra Madre y Corredor Norte, tendrían la capacidad de posicionar a México como el cuarto exportador mundial de GFL. Según el documento, este escenario implicaría costos significativos para la salud, los ecosistemas y las comunidades del Golfo de California, además de poner en riesgo los compromisos climáticos asumidos por el país.
La comunicación subraya que avanzar con las obras sin evaluaciones ambientales completas, sin transparencia y sin la participación de las comunidades afectadas podría llevar a México a incumplir acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú, los relatores enfatizan: “Expresamos nuestra profunda preocupación por las emisiones previstas de gases de efecto invernadero, la contaminación tóxica, la alteración de los ecosistemas y otros daños ambientales”.
También advierten que las operaciones proyectadas podrían impactar derechos fundamentales vinculados a la alimentación, la salud, el desarrollo comunitario y el acceso a un ambiente limpio. En la comunicación, los expertos recuerdan que “la quema de combustibles fósiles constituye una de las actividades humanas con mayor impacto sobre el clima de la Tierra”.
La intervención del organismo multilateral se produjo tras una comunicación enviada en diciembre de 2024 por 25 personas y organizaciones del Golfo de California, quienes solicitaron apoyo para frenar la expansión fósil en una región reconocida por su alto valor ecológico. La petición pidió exigir tanto a México como a Estados Unidos información completa, consultas a comunidades e investigaciones independientes sobre los posibles impactos en salud, pesca, turismo y vida cotidiana.
Además de la carta dirigida al Estado mexicano, la ONU envió comunicaciones a los gobiernos de Estados Unidos y Singapur —países de origen de las empresas involucradas— y a las compañías que buscan desarrollar las terminales.
Las agrupaciones llamaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades ambientales a revocar autorizaciones otorgadas “irregularmente”, suspender evaluaciones en curso hasta contar con información completa, detener la expansión fósil, garantizar el consentimiento libre e informado de comunidades indígenas y ajustar la política energética a una transición justa.
En su pronunciamiento, señalaron: “México tiene hoy la oportunidad de romper el guion fósil y demostrar que su compromiso climático es real. Ignorar este llamado sería asumir un costo político, ambiental y ético irreparable”.