Tres organizaciones defensoras de los derechos civiles presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, tras meses sin respuesta a una solicitud formal sobre el uso de pruebas de ADN recolectadas a migrantes. La acción legal fue interpuesta ante una corte federal en el Distrito de Columbia con el respaldo del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes y Americans for Immigrant Justice.
El motivo principal de la querella radica en la falta de claridad sobre cómo el DHS obtiene, almacena y maneja los datos genéticos recolectados desde 2020 como parte de una política que, según los activistas, ha tenido un crecimiento sin precedentes. En su comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que la base de datos del FBI conocida como CODIS ha experimentado un aumento superior al 5000% en registros derivados de estas muestras.
En 2024, los grupos solicitaron información específica al DHS mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA), buscando obtener detalles del funcionamiento y los protocolos detrás del programa. La ausencia de respuesta motivó esta acción legal, que busca presionar a la agencia para que rinda cuentas ante el público.
Stevie Glaberson, director de Investigación y Defensa del Centro de Privacidad, expresó preocupación por la forma en que se lleva a cabo esta recolección de datos: “El DHS está recolectando muestras de personas que no enfrentan acusaciones de delitos y operando sin ninguna de las restricciones que se supone deben existir”. Subrayó que el uso de información genética representa un riesgo mayor por tratarse de datos altamente sensibles.
En la misma línea, Emily Tucker, directora ejecutiva del Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown, cuestionó el trasfondo del programa: “No solo impulsa la deportación —aunque lo hace—, sino principalmente busca intimidar y silenciar a quienes se oponen a él”. A su juicio, la recopilación masiva de ADN forma parte de un esquema más amplio de vigilancia y control.
Desde el inicio del programa, el gobierno ha evitado divulgar detalles sobre su operación, manteniendo una política de baja visibilidad respecto al destino y uso de las muestras. Para los defensores de los derechos de los migrantes, esta falta de transparencia es una señal de alerta que debe ser atendida con urgencia.
La demanda representa un nuevo capítulo en el debate sobre la protección de datos personales y el respeto a los derechos humanos dentro de las políticas migratorias. La resolución de este caso podría marcar un precedente sobre los límites del Estado en el manejo de información genética y el derecho a la privacidad de quienes cruzan sus fronteras.