A solicitud de la Secretaría de Hacienda, la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados decidió posponer la discusión de la reforma al artículo 123 constitucional que buscaba cambiar el cálculo de pensiones y jubilaciones de Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a salarios mínimos.
La medida se tomó ante el pronóstico de un impacto financiero significativo que podría alcanzar miles de millones de pesos sobre las finanzas públicas.
Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, solicitó retirar del orden del día el proyecto de dictamen listo para ser votado durante la sesión de este jueves.
Explicó que la Secretaría de Hacienda advirtió sobre el fuerte impacto presupuestal, y propuso reconsiderar la reforma después de realizar análisis financieros detallados sobre los costos y el impacto a mediano y largo plazo.
Robledo destacó la notable diferencia entre el aumento del salario mínimo, que ha pasado de 88 pesos diarios en 2018 a 240 o 250 pesos para el próximo año, y la UMA, que ha experimentado incrementos menos significativos, llegando a 103 pesos diarios en 2023.
El legislador señaló que implementar el cambio de manera abrupta tendría un costo considerable para el erario público, aunque no precisó la cifra exacta.
Adicionalmente, durante la reunión de trabajo, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad una adición al último párrafo del artículo 2 de la Constitución.
La modificación reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos, como sujetos de derecho público, considerando este reconocimiento como un valor superior para el Estado mexicano, en un esfuerzo por reivindicar la lucha social e histórica de estos sectores.