El gobierno del presidente interino de Perú, José Jerí, anunció la declaración del estado de emergencia en Lima tras una jornada de protestas que dejó un muerto y más de cien heridos, informó el primer ministro Ernesto Álvarez. La medida, que se formalizará en las próximas horas, permitirá a las fuerzas armadas salir a las calles para respaldar a la policía en tareas de seguridad, en medio de un clima de creciente tensión social y aumento del crimen organizado.
Álvarez explicó que la declaratoria “tiene que venir acompañada de un paquete de medidas concretas y eficaces” para hacer frente a la ola de violencia y extorsión que afecta al país. Aunque no detalló el contenido de dichas medidas, adelantó que el gobierno prepara acciones urgentes para fortalecer la seguridad ciudadana.
El presidente Jerí, quien asumió el cargo la semana pasada tras la destitución de Dina Boluarte, anunció que solicitará al Congreso amplios poderes para legislar sobre temas de seguridad, con el propósito de responder a las manifestaciones convocadas por grupos civiles y jóvenes de la llamada “Generación Z”. Los manifestantes exigen acciones contra el crimen, la renuncia del mandatario, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Jerí adelantó que una de las leyes en preparación abordará la situación de los penales, señalados por la policía como centros desde los cuales delincuentes coordinan extorsiones con bandas criminales en libertad.
La Fiscalía de Perú confirmó que el fallecido durante las protestas fue Eduardo Ruiz, de 32 años, quien murió por el disparo de un arma de fuego. El jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, identificó al presunto responsable como Luis Magallanes, un agente policial que habría sido agredido durante los disturbios. Arriola precisó que el uniformado se encuentra detenido, bajo atención médica y separado de sus funciones.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó ante el Congreso que 89 policías y 22 civiles resultaron heridos, además de 11 personas detenidas. También anunció que el gobierno impulsará una reforma integral de la policía.
Durante las protestas en Lima, manifestantes quemaron banderas y objetos frente al Congreso, una de las instituciones más cuestionadas del país, lo que provocó la intervención policial con bombas lacrimógenas.
En su pronunciamiento, el presidente Jerí afirmó que “un grupo reducido” de infiltrados intentó generar caos durante una “expresión ciudadana legítima”, que en su inicio fue pacífica.
El mandatario, que recientemente conformó su gabinete encabezado por un político conservador, ha prometido “una guerra contra el crimen” en todo el territorio. Su administración enfrenta un ambiente político tenso, con acusaciones pasadas de corrupción y una denuncia por agresión sexual archivada, las cuales Jerí ha negado categóricamente.
La declaración del estado de emergencia marca el primer gran desafío del nuevo gobierno, que intenta contener la crisis social y de seguridad en un país golpeado por la inestabilidad política y la desconfianza ciudadana.