La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este domingo la promulgación de una controvertida legislación que reconoce al no nacido como “persona natural”, una medida que modifica el marco jurídico vigente del Código Civil del Estado Libre Asociado. La decisión se concretó con la firma del Proyecto del Senado 504, iniciativa que ha generado un amplio rechazo entre sectores médicos y profesionales de la salud del país.
El proyecto aprobado establece una enmienda para precisar que “el ser humano en gestación o nasciturus es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”. Con esta definición, la legislación reconoce capacidad jurídica al embrión desde la concepción, lo que tendría implicaciones directas sobre cualquier tipo de interrupción del embarazo.
La propuesta legislativa es autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, junto con otros senadores de perfil conservador, en su mayoría integrantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), fuerza política que también encabeza la gobernadora González. El texto contempla, además, la posibilidad de intervención legal de terceros en decisiones relacionadas con la gestación.
Previo a la firma del proyecto, más de 320 médicos y profesionales de la salud de Puerto Rico difundieron un llamado público dirigido a la gobernadora para solicitarle que no convirtiera la iniciativa en ley. En su pronunciamiento, calificaron la medida como “un riesgo para la vida de mujeres gestantes” y advirtieron sobre sus posibles efectos en la práctica médica.
La carta fue suscrita por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, así como por ginecólogos obstetras, pediatras, neonatólogos, personal de enfermería y profesores de las Escuelas de Medicina. En el documento, los firmantes señalaron que la reforma representa una alteración sustancial al marco legal vigente y podría tener consecuencias graves y directas sobre la autonomía de las mujeres y personas gestantes.
La ginecóloga obstetra Yari Vale Moreno explicó que, bajo esta legislación, podrían agravarse escenarios clínicos críticos como embarazos ectópicos, hemorragias masivas o trastornos placentarios que requieren intervención inmediata. Añadió que permitir la intervención legal de terceros, incluidas exparejas o personas sin vínculo clínico, podría retrasar decisiones médicas urgentes y poner en riesgo la vida de la persona gestante.
El pronunciamiento médico también alertó sobre situaciones en las que una persona embarazada recibe un diagnóstico de cáncer en etapas tempranas de la gestación, ya que la nueva ley podría limitar la posibilidad de interrumpir el embarazo para acceder a tratamientos que salvan la vida. Asimismo, se mencionaron casos de embarazos no viables o con malformaciones letales, en los que terceros podrían interferir legalmente y forzar la continuidad de la gestación.
Los profesionales advirtieron además sobre el riesgo de criminalizar pérdidas de embarazo por causas médicas y señalaron que la legislación podría otorgar nuevas herramientas legales a agresores en contextos de violencia doméstica. En ese sentido, el ginecólogo obstetra Alberto de la Vega indicó que la reforma podría derivar en disputas judiciales prolongadas, incluso en casos de violación, donde el agresor podría intentar representar legalmente al feto en contra de la voluntad de la víctima.