A diez meses del hallazgo del rancho Izaguirre, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco difundió nuevos señalamientos sobre lo que, asegura, ocurrió en ese sitio, al que identifica como un lugar de exterminio. La información fue enviada en una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que el grupo expone hechos que, según su versión, no han sido esclarecidos por las autoridades responsables de la investigación.
De acuerdo con el colectivo, el predio habría sido escenario de privación ilegal de la libertad, trata de personas, asesinatos y actos de canibalismo. Estas afirmaciones contrastan con la postura oficial, ya que las autoridades han negado que en el rancho se hayan cometido homicidios y han sostenido que el lugar funcionaba como un centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Para las buscadoras, esta clasificación no corresponde con los indicios localizados en el sitio, donde se encontraron cientos de pares de zapatos.
Guerreros Buscadores de Jalisco señaló que existen más elementos sobre los actos inhumanos cometidos en el rancho, pero aclaró que no pueden ser detallados públicamente por respeto a las víctimas y a sus familias. Desde el momento en que se dio a conocer el hallazgo del inmueble, el colectivo ha sostenido que las personas retenidas ahí eran sometidas a tratos crueles, asesinadas y posteriormente desaparecidas, sin que hasta ahora se haya informado de avances sustanciales en el esclarecimiento de los hechos.
En la misiva enviada al Ejecutivo federal también se advierte sobre presuntas filtraciones de información desde la Fiscalía General de la República hacia el crimen organizado, situación que, según el colectivo, podría derivar en la liberación de personas detenidas en relación con el caso. Asimismo, se denunció la falta de atención a testigos considerados clave, quienes, de acuerdo con los activistas, no fueron escuchados por las autoridades pese a contar con datos sensibles sobre lo ocurrido.
Ante la falta de respuesta institucional, estos testigos habrían abandonado el país y se encuentran ahora en Estados Unidos, lo que abre la posibilidad de que presenten información y evidencia ante instancias extranjeras. El colectivo reiteró que el caso del rancho Izaguirre permanece sin esclarecimiento y que las omisiones oficiales han impedido conocer la magnitud real de los hechos denunciados.