La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este jueves su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2025, generando un intenso debate entre los ministros. Por una votación de ocho a tres, se decidió implementar la polémica reducción salarial para 330 altos funcionarios del máximo tribunal, incluidos los 11 ministros que lo integran. Esta medida surge como consecuencia de la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que entró en vigor el 16 de septiembre pasado.
El presupuesto aprobado solicita al Congreso de la Unión 5 mil 922.9 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal del 2.3% en comparación con el presupuesto del 2024. Sin embargo, tomando en cuenta la inflación proyectada por el Banco de México, esta cifra en realidad refleja una disminución del 1.4% en términos reales.
La ministra presidenta, Norma Piña Hernández, encabezó la aprobación del proyecto, señalando que el ajuste salarial era inevitable debido al impacto de la reforma judicial. “Es un reflejo de los tiempos que vivimos, donde la austeridad debe ser un principio rector en la administración pública”, afirmó durante la sesión privada en la que se discutió el presupuesto.
A pesar de la aprobación, no todos los ministros estuvieron de acuerdo con las modificaciones. Lenia Batres, una de las principales opositoras al proyecto, utilizó sus redes sociales para manifestar su desacuerdo. “Después de tres sesiones de discusión, no se realizó una sola modificación derivada de las observaciones presentadas”, expresó la ministra. Batres también acusó que el presupuesto no reflejaba una verdadera intención de aplicar medidas de austeridad, y que los salarios de los ministros aún superaban el tope constitucional que marca el salario del Presidente de la República.
Además de Batres, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz también votaron en contra del proyecto, argumentando que las reformas salariales no abordan de manera integral los principios de austeridad que la reforma judicial busca establecer. Entre las críticas más contundentes de Batres destaca el hecho de que “no se transparenta la totalidad de los conceptos que integran las remuneraciones de los ministros”, y que, aunque se eliminaron algunos pagos de riesgo, persisten otros conceptos prohibidos por la ley.
Por otro lado, ministros como José Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat defendieron el proyecto, señalando que la reducción salarial es un paso en la dirección correcta. “No es suficiente, pero es un avance. La Corte debe ajustarse a las nuevas disposiciones y actuar con responsabilidad financiera”, comentó el ministro Javier Laynez.
Otra cuestión que generó polémica fue la falta de claridad sobre los fideicomisos de la SCJN. Batres destacó que el proyecto no menciona nada sobre los seis fideicomisos que tiene el alto tribunal, a pesar de que la reciente reforma constitucional ordena su extinción y la transferencia de sus saldos a la Tesorería de la Federación. “No hay un compromiso claro para cumplir con lo que la reforma exige en cuanto a estos fideicomisos”, señaló la ministra, exigiendo mayor transparencia en este aspecto.
Con este presupuesto aprobado, la SCJN se enfrenta a un escenario complicado, en el que las tensiones internas y la presión pública jugarán un papel importante en los próximos meses. La aprobación del presupuesto, aunque necesaria, ha dejado un sabor amargo entre algunos sectores que cuestionan si verdaderamente representa un esfuerzo por reformar el sistema judicial desde sus cimientos.