El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar las llamadas “pensiones doradas” otorgadas a exfuncionarios de alto nivel en empresas y organismos públicos del Estado. La iniciativa establece un límite aproximado de 70 mil pesos mensuales para estas jubilaciones.
La votación en lo general registró 116 votos a favor de legisladores de Morena, PT, PVEM, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. En la votación en lo particular se emitieron 109 votos, con lo que la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
La reforma busca reducir pensiones consideradas excesivas que reciben exservidores públicos de organismos descentralizados, empresas productivas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. Entre las instituciones señaladas se encuentran Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Banco de México y Luz y Fuerza del Centro.
Datos de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno indican que en Luz y Fuerza del Centro —empresa en liquidación— existen 9 mil 457 extrabajadores que reciben pensiones que van de 100 mil hasta un millón de pesos mensuales. Dentro de ese grupo, 3 mil 504 jubilados perciben ingresos superiores al sueldo neto de la titular del Ejecutivo federal. En el caso de Petróleos Mexicanos, se reportan 544 personas pensionadas con ingresos mayores al salario presidencial, lo que representa un gasto anual de mil 827 millones de pesos.
Durante la discusión en tribuna, el senador de Morena Javier Corral señaló que la reforma no es retroactiva y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que una norma puede generar efectos sobre actos anteriores. Por su parte, el senador del PAN Francisco Ramírez Acuña respaldó la iniciativa, aunque advirtió que establece un precedente para que el gobierno federal impulse reformas que puedan afectar derechos vigentes.
Legisladores de Movimiento Ciudadano también apoyaron la propuesta, pero cuestionaron que el dictamen no especifique el destino de los recursos que se generarán como ahorro tras la reducción de estas pensiones.