En medio de las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existen elementos probatorios suficientes que sustenten los señalamientos, al tiempo que confirmó haber sostenido una conversación directa con el gobernador Rubén Rocha Moya.
Durante su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el diálogo ocurrió tras la difusión de los cargos y reiteró la postura que ha mantenido públicamente. “Ayer, en efecto, hablé con el gobernador después de que salieron estos comunicados y le manifesté lo que manifiesto aquí. Si no hay ningún nada, pues no hay nada que temer, nada”, declaró.
El posicionamiento de la presidenta surge luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York diera a conocer imputaciones por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas contra 10 ciudadanos mexicanos. Entre los señalados se encuentran Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, a quienes se vincula con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
Sheinbaum subrayó que, aunque existen testigos que mencionan a los implicados, hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes. En ese sentido, enfatizó que cualquier acción legal, como una eventual detención, debe estar precedida por evidencia sólida y, en el caso de funcionarios en activo, por un proceso de desafuero.
La titular del Ejecutivo también abordó el tema de una posible solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, señalando que cualquier procedimiento debe apegarse estrictamente al Estado de derecho. Indicó que su responsabilidad es garantizar el respeto a las leyes nacionales y la soberanía del país.
Asimismo, sostuvo que su postura no responde a afinidades políticas, sino a principios institucionales. “Actuaría exactamente de la misma manera tratándose de un gobernador del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, imagínense que viniera una petición de extradición o de detención provisional con fines de extradición a un gobernador o gobernadora de otro partido sin ninguna prueba”, afirmó.
Las declaraciones se dan en un contexto de tensión por las acusaciones internacionales, mientras el gobierno federal insiste en la necesidad de contar con pruebas antes de proceder contra los funcionarios señalados.