El gobierno del presidente Donald Trump presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos una solicitud para que respalde su orden ejecutiva que restringe la ciudadanía por nacimiento. Esta medida, firmada por Trump el primer día de su segundo mandato, busca que los niños nacidos en territorio estadounidense de padres sin documentación legal o con estatus temporal no reciban automáticamente la ciudadanía estadounidense.
La apelación, compartida con la agencia Associated Press (AP), marca el inicio de un proceso judicial que podría culminar con un fallo del máximo tribunal a principios del verano. Hasta ahora, tribunales inferiores han bloqueado la implementación de la orden en todo el país, por lo que el gobierno no ha pedido a la Corte que permita que las restricciones entren en vigor antes de la decisión definitiva.
La petición del Departamento de Justicia fue remitida a los abogados de las partes que impugnan la orden, aunque aún no ha sido registrada oficialmente en la Corte Suprema. Se prevé que cualquier decisión sobre aceptar o no el caso se tome en los próximos meses, y que los argumentos sean presentados a finales del invierno o principios de la primavera.
El procurador general D. John Sauer afirmó en el documento enviado que “el fallo de los tribunales inferiores invalidó una política de suma importancia para el presidente y su gobierno de una manera que socava nuestra seguridad fronteriza”. Añadió que “esas decisiones confieren, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas no calificadas”.
Por su parte, Cody Wofsy, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que representa a los menores afectados, calificó la orden como “claramente inconstitucional” y aseguró que “ninguna cantidad de maniobras por parte del gobierno va a cambiar eso, continuaremos asegurándonos de que nunca se le quite la ciudadanía a ningún bebé por esta orden cruel y sin sentido”.
La orden ejecutiva de Trump modificaría más de 125 años de interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana del país, salvo contadas excepciones, como los hijos de diplomáticos extranjeros o de fuerzas ocupantes. Esta disposición se aprobó tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a las personas negras, incluidos los antiguos esclavos.
En julio, la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que un grupo de estados que demandaron por la orden necesitaba una medida cautelar a nivel nacional para evitar la aplicación desigual de la política. Ese mismo mes, un juez federal en Nueva Hampshire bloqueó la orden en el marco de una demanda colectiva que incluye a todos los niños afectados.
El gobierno sostiene que los hijos de personas no ciudadanas no están sujetos a la jurisdicción estadounidense y, por lo tanto, no deberían recibir la ciudadanía automática. Sin embargo, todos los tribunales inferiores que han revisado la orden hasta ahora han concluido que viola la Decimocuarta Enmienda.