Representantes de importadores, exportadores, agentes aduanales y cámaras de comercio advirtieron que la reforma presidencial a la Ley Aduanera, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, es riesgosa e inconstitucional. Durante la segunda reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, distintos sectores expresaron su rechazo a los cambios que se prevén discutir en el pleno la próxima semana.
En el encuentro se abordaron temas de recaudación, simplificación y justicia tributaria. Zaira Padilla Vergel, representante de la Asociación de Recintos Fiscalizados Estratégicos (ARFE) AC, manifestó su preocupación por el “artículo 86A en lo relativo a las cuentas aduaneras de garantía”. Explicó que, tal como está redactado, obligaría a las empresas a pagar impuestos antes del ingreso de la mercancía y posteriormente volver a pagar al momento de asignarle un régimen definitivo para después solicitar la devolución de la garantía.
Padilla Vergel también señaló que “la redacción del artículo 135 B genera ambigüedad, al inferir que las operaciones de elaboración, transformación y reparación dentro de los recintos estarían sujetas al pago de impuestos, lo que contradice la esencia misma del régimen”. Consideró que esto implicaría un doble impacto en el flujo de efectivo de las empresas, desincentivaría la inversión y eliminaría de facto la razón de ser del RFE, creado para facilitar el comercio exterior.
“Con estos cambios, México se autolimita ante sus socios comerciales al imponer cargas financieras adicionales que otros países no exigen, lo que resta competitividad frente a destinos que sí tienen incentivos claros para la atracción de inversiones”, advirtió. Alertó que, de no corregirse, parques industriales con inversiones millonarias en operación o desarrollo podrían perder su razón de ser y trasladarse a otros países.
John Michael Willy Kolter, presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA), subrayó que su intervención era “para abrirle los ojos a los diputados para no aprobar una reforma que afecte a México”. Advirtió que, tal como está planteada, “afectará a la industria local y desincentivará el desarrollo a futuro y la inversión nacional y extranjera”. Señaló que los agentes aduanales garantizan que la mercancía que ingresa al país cumpla con legalidad, regulaciones y pago de contribuciones.
Por su parte, María Elena Carrillo Pretalia, de la Asociación de Mujeres Aduaneras (AMA), pidió reflexionar “sobre las multas previstas en dicho ordenamiento, porque el artículo 22 constitucional prohíbe la imposición de multas excesivas y nunca confiscatorias”. Recordó que la Suprema Corte de Justicia establece que las multas no pueden usarse como instrumentos de presión o castigo desmedido.
Carrillo Pretalia destacó que las sanciones previstas en la reforma, de entre 250 y 300% del valor de las mercancías, pueden resultar confiscatorias, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Señaló que en el artículo 22 de la Ley de Ingresos se contempla una reducción o estímulo fiscal de 100% para multas fiscales, aduaneras y de comercio exterior, y enfatizó que “esperamos con ansiedad las reglas para la aplicación de estas condonaciones por parte del SAT”. Agregó que se pide a los diputados ajustes que permitan a la autoridad aduanera valorar las particularidades de cada caso y determinar la multa en función de criterios, proporcionalidad y equidad.