El 10 de enero será una fecha clave en la historia política y judicial de Estados Unidos. Ese día, Donald Trump, presidente electo, recibirá su sentencia por los 34 delitos por los que un jurado lo declaró culpable en el caso Stormy Daniels. Aunque el veredicto no incluirá pena de cárcel, su relevancia trasciende el ámbito legal, ya que lo convierte en el primer presidente en asumir el cargo con una condena penal.
El juez Juan Merchan, a cargo del caso en el distrito de Manhattan, ha decidido resolver el proceso antes de la ceremonia de juramentación presidencial, programada para el 20 de enero. Su resolución, detallada en un documento de 18 páginas, descarta la prisión y opta por una «exención incondicional», argumentando que esta decisión balancea la justicia y las complejidades de la inmunidad presidencial. Esto implica que Trump quedará libre de restricciones inmediatas, aunque el caso sigue abierto a apelaciones por parte de su defensa.
Los cargos que enfrenta el expresidente surgen de un esquema para encubrir pagos de 130,000 dólares a Stormy Daniels, actriz de cine para adultos, en vísperas de las elecciones de 2016. Este dinero buscaba evitar que se hiciera pública una relación extramarital, lo que podría haber afectado su campaña. Los delitos de falsificación de documentos, incluidos cheques y registros contables, tienen penas de hasta cuatro años de cárcel. Sin embargo, el juez y la fiscalía reconocen que la prisión no es una medida práctica, dadas las circunstancias del acusado.
En un gesto hacia Trump, el juez permitirá que la sentencia sea escuchada de manera virtual, evitando que el presidente electo pase por la incomodidad de asistir físicamente al tribunal. Este movimiento refleja el equilibrio que el sistema judicial intenta mantener entre el proceso penal y las implicaciones políticas de este caso sin precedentes.
La estrategia legal de Trump ha sido, hasta ahora, posponer y dilatar sus múltiples procesos judiciales. En este caso particular, sus intentos de anular la condena basándose en la inmunidad presidencial y otras prácticas legales del Departamento de Justicia no han prosperado. No obstante, su elección como presidente parece haber suavizado las implicaciones penales.
Este episodio plantea preguntas profundas sobre la relación entre el poder, la justicia y la política en Estados Unidos. Aunque Trump no enfrentará cárcel, su condena marca un momento sin precedentes en la historia del país, dejando al mundo atento al impacto de esta sentencia sobre su presidencia y legado.