Un nuevo capítulo en la lucha ambiental se escribe en México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a Greenpeace México, revirtiendo la extinción del Fondo para el Cambio Climático, una herramienta financiera esencial que había sido eliminada en noviembre de 2020, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La resolución contó con el respaldo de cuatro ministros, quienes avalaron la propuesta presentada por la ministra Margarita Ríos Farjat. La votación cerró con un voto en contra emitido por el ministro Jorge Pardo Rebolledo, marcando una diferencia clara de criterios dentro de la SCJN.
En 2020, bajo la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, se aprobó en el Congreso federal la eliminación de 109 fideicomisos públicos, entre ellos el Fondo para el Cambio Climático, establecido en la Ley General de Cambio Climático y administrado por la Secretaría de Hacienda. Este fondo tenía como objetivo canalizar recursos financieros hacia proyectos y acciones diseñadas para mitigar los efectos del cambio climático, consolidándose como un instrumento vital en la estrategia ambiental del país.
Tras la desaparición del fideicomiso, los recursos para combatir el cambio climático pasaron a depender exclusivamente de partidas específicas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta decisión fue cuestionada ampliamente por organizaciones ambientales y expertos, quienes señalaron la falta de garantías claras y permanentes para el financiamiento de proyectos climáticos.
El proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat sostuvo que la extinción del fondo constituyó una medida regresiva, vulnerando el derecho fundamental a un medio ambiente sano. En su propuesta, precisó que el fallo no ordena restituir el fideicomiso como tal, pero sí garantiza que Greenpeace México podrá acceder a recursos públicos dirigidos a mitigar los efectos del cambio climático, asegurando una vía de financiamiento en favor de la acción ambiental.
Esta decisión resulta particularmente relevante, pues contrasta con la postura adoptada en abril de 2023 por la Segunda Sala de la SCJN, que negó un amparo similar solicitado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), al considerar que la extinción del fondo no afectaba el derecho a un medio ambiente sano debido a la existencia de recursos en el Presupuesto de Egresos.
Con este fallo, Greenpeace México obtiene una victoria clave, reforzando la protección jurídica del medio ambiente y recordando que los compromisos climáticos no pueden depender únicamente de presupuestos anuales, sino de mecanismos estables y garantizados. El triunfo de esta organización marca un precedente vital en la defensa del planeta.