La Corte del Estado de Texas determinó el cierre definitivo del caso contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, luego de una denuncia presentada en su contra por el presunto uso de recursos públicos para adquirir más de 50 propiedades en Estados Unidos. La decisión fue tomada tras una sentencia sumaria que concluyó la causa penal 2020 DCV0628.
La investigación, en la que participaron el FBI, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se extendió por cinco años. En el proceso se revisaron bienes, cuentas bancarias, vehículos, empresas y acciones relacionadas con Duarte en territorio estadounidense. No se encontraron pruebas que vincularan al exfuncionario con actividades ilícitas, por lo que la Corte desestimó los señalamientos sin necesidad de juicio.
El origen de esta denuncia se remonta a 2020, cuando Javier Corral, entonces gobernador de Chihuahua, denunció operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, asociación delictuosa y desvío de fondos públicos. Se argumentaba que los recursos habrían sido redirigidos desde partidas destinadas a la compra de medicamentos para el tratamiento de cáncer infantil.
En paralelo, en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó transferencias bancarias relacionadas con Duarte provenientes de empresas fachada y de personas que fungían como prestanombres. En respuesta, se presentaron dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Durante la administración de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2019, se detectaron fallas en el proceso de solicitud de extradición de Duarte. Estas irregularidades fueron corregidas posteriormente, lo que permitió reactivar la búsqueda y cooperación entre instituciones. La UIF colaboró activamente en el rastreo de los movimientos financieros del exgobernador, detectando la utilización de terceros para triangular recursos públicos hacia cuentas personales.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua también presentó denuncias por presuntos desvíos millonarios cometidos durante su gestión, en un contexto en el que las propiedades adquiridas por Duarte no correspondían con sus ingresos ni con lo reportado ante las autoridades fiscales.
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, se configura el delito de enriquecimiento ilícito cuando un servidor público no puede acreditar el origen legítimo de su patrimonio o el de sus dependientes económicos durante su encargo. El Código Penal Federal contempla sanciones de tres meses a catorce años de prisión y multas de hasta 150 días de salario mínimo para quienes incurran en este delito. En Estados Unidos, la vía legal contra César Duarte se ha cerrado. En México, el proceso continúa en manos de las autoridades federales y estatales.