El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó oficialmente los trabajos de la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia en junio de 2022, afirmando que se trataba de un nuevo paso hacia la justicia en México. Desde el Campo Militar No. 1 y frente a familiares de víctimas de crímenes cometidos entre 1965 y 1990, el mandatario aseguró que la investigación no sería una simulación y prometió llegar al fondo de los hechos.
La creación de la Comisión de la Verdad fue una de las promesas centrales de López Obrador al asumir la presidencia. El objetivo era esclarecer los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia, pero a medida que el sexenio se aproxima a su fin, el respaldo del gobierno federal a la investigación ha ido desapareciendo, especialmente después de que se señalara al Ejército como responsable de violaciones graves a los derechos humanos.
Ruptura entre el gobierno y la Comisión de la Verdad
La relación entre el gobierno y los expertos de la Comisión comenzó a deteriorarse luego de que la investigación apuntara al Ejército como responsable de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desplazamientos forzados. Este distanciamiento fue tal que el informe final de la Comisión no fue entregado personalmente al presidente, como se había planeado, sino que llegó a través de la Oficialía de Partes.
David Fernández, uno de los cuatro investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico que elaboró el informe titulado “Fue el Estado: 1965-1990”, expresó su decepción por la falta de una entrega formal en un evento público. Inicialmente, tanto Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos, como su sucesor Arturo Medina Padilla, respaldaron la idea de presentar el informe al presidente, pero los señalamientos contra el Ejército terminaron por degradar la relación.
Hallazgos y obstáculos en la investigación
Durante casi tres años, 50 investigadores trabajaron en el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, documentando 8,594 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, así como 123,000 desplazados debido a la violencia ejercida por el Ejército y otras instituciones de seguridad entre 1965 y 1990. Entre los crímenes investigados se encuentran detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
A pesar de estos avances, la falta de recursos económicos fue una constante en el trabajo de la Comisión. Según los investigadores, no contaron con un presupuesto propio, lo que limitó la investigación y la contratación de personal. Además, enfrentaron la resistencia del Ejército para abrir sus archivos, lo que complicó aún más su labor.
En respuesta a estos obstáculos, los investigadores publicaron en 2023 un informe adicional titulado “Las Formas del Silencio”, donde detallaron las trabas impuestas por el Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para evitar la apertura de sus expedientes.
Esperanzas puestas en el nuevo gobierno
A pesar de la ruptura con la administración de López Obrador, los expertos han depositado sus esperanzas en Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México. El pasado 23 de septiembre, los investigadores entregaron su informe en la casa de transición de Sheinbaum, junto con una carta en la que sugieren que se continúe con los esfuerzos para esclarecer los crímenes del pasado.
Fernández y los demás investigadores esperan que la nueva administración dé seguimiento a las recomendaciones del informe y que se establezca una oficina encargada de supervisar el cumplimiento de las mismas.
Mientras tanto, los especialistas planean seguir difundiendo su trabajo por cuenta propia, incluso publicando una versión impresa del informe completo para asegurar que los hallazgos no caigan en el olvido.