En una sesión exprés que no superó los 15 minutos, la Cámara de Diputados dio el último paso en un proceso que ha generado intensas discusiones. La reforma que integra la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue finalmente turnada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que marcará oficialmente su entrada en vigor. Esta medida, vista por algunos como un avance en la estrategia de seguridad, es percibida por otros como un peligroso paso hacia la militarización del país.
El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, fue el encargado de anunciar el turno de la reforma al presidente Andrés Manuel López Obrador. Acto seguido, diputados de Morena y sus aliados, PT y PVEM, entonaron con euforia el ya conocido “¡Sí se pudo, sí se pudo!”. Sin embargo, no todos compartieron ese entusiasmo.
A la sesión no acudieron los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes han manifestado abiertamente su oposición. Consideran que este cambio representa un retroceso en la estrategia de seguridad pública y un claro indicio de la militarización del país. “No estamos de acuerdo en que se sacrifique la civilidad en la seguridad pública”, expresó un legislador del PAN en días previos a la sesión.
El Senado ya había dado su aprobación definitiva a la reforma antes de que llegara a la Cámara de Diputados. El documento establece que la Guardia Nacional, originalmente concebida como un cuerpo civil con mando militar, quedará formalmente bajo la tutela de la Sedena. Esta fuerza de seguridad, de carácter permanente y profesional, tendrá la misión de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y su estructura será conformada por personal militar con formación policial.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, resaltó que 26 congresos estatales aprobaron la reforma en tiempo récord, cumpliendo con el requisito constitucional de al menos 16 legislaturas locales más uno. Entre los estados que dieron luz verde a la reforma se encuentran Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, entre otros.
El trasfondo de esta reforma no ha dejado de causar polémica. Diversos sectores sociales y políticos han señalado que la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena implica una militarización de la seguridad pública, algo que para algunos representa un riesgo a las libertades civiles. Legisladores de la oposición han alzado la voz al respecto, advirtiendo que esta medida podría ser contraproducente en la lucha contra el crimen organizado y erosionar el control civil sobre las fuerzas de seguridad. “No se puede permitir que la seguridad pública, una tarea que debe estar en manos civiles, quede bajo el mando militar”, declaró una representante de Movimiento Ciudadano, subrayando el peligro de depender exclusivamente de las fuerzas armadas en asuntos internos.
Con el dictamen en manos del presidente López Obrador, se espera que en los próximos días la reforma se publique en el DOF, lo que pondrá fin a uno de los debates más encendidos de los últimos meses en el ámbito legislativo. Las repercusiones de esta decisión aún están por verse, pero lo que es seguro es que el tema de la seguridad pública en México continuará siendo un campo de batalla entre quienes defienden la militarización y aquellos que abogan por soluciones civiles.