El Senado de Estados Unidos aprobó una nueva ley fiscal que contempla una inversión sin precedentes en políticas migratorias, al asignar casi 170 mil millones de dólares en los próximos cuatro años para reforzar acciones de control y vigilancia fronteriza. La iniciativa fue promovida por la administración del presidente Donald Trump, con el respaldo del Partido Republicano.
La legislación, descrita por el mandatario como una “ley grande y hermosa”, destina recursos que superan por amplio margen a otras agencias federales: el gasto en migración será ocho veces superior al presupuesto del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y 13 veces mayor que el de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Más de 64 mil millones de dólares se enfocarán en la construcción del muro fronterizo, mientras que 70 mil millones serán utilizados para financiar y mantener centros de detención de migrantes, así como para cubrir el costo del transporte durante las deportaciones.
La ley establece también la contratación de más de 20 mil nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), con el objetivo de intensificar las detenciones a nivel nacional.
El laboratorio de pensamiento CATO anticipa que la cifra de personas detenidas en centros de migración podría cuadruplicarse tras la entrada en vigor de esta norma, alcanzando hasta 200 mil personas, frente a las 50 mil actuales.
El paquete fiscal incorpora aumentos en los costos de trámites migratorios. Por primera vez, solicitar asilo requerirá el pago de mil dólares. El permiso de trabajo costará 550 dólares y tendrá una vigencia de solo seis meses. También se impondrá una tarifa de 100 dólares anuales a quienes tengan una solicitud de asilo en curso.
Las apelaciones de decisiones judiciales en temas migratorios incrementarán su costo de 110 a 900 dólares. Por su parte, el trámite de Estatus de Protección Temporal (TPS) pasará a costar 500 dólares.
Uno de los elementos más relevantes de la ley es la implementación de un nuevo impuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia el extranjero. En 2023, ese país fue el mayor emisor mundial de remesas, con más de 85 mil 800 millones de dólares, según el Migration Policy Institute.
En materia de asistencia social, la legislación reduce el acceso de migrantes a beneficios fiscales. Las familias con al menos un progenitor sin número de seguro social quedarán fuera del programa de crédito fiscal para hijos. También se recortarán los fondos federales de Medicaid en estados que brinden servicios de salud a migrantes sin estatus legal, y se restringirá el acceso a seguros médicos subsidiados para personas con visa de trabajo o TPS.