Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf manifestaron su desacuerdo con la decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender labores y sumarse al paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En un comunicado conjunto, las ministras subrayaron que el juicio político es aplicable a quienes, en su función pública, cometan actos u omisiones que perjudiquen los intereses públicos fundamentales o afecten el buen funcionamiento de su despacho. Según el artículo 109, fracción I, de la Constitución Mexicana, estos actos pueden llevar a la destitución del cargo e inhabilitación para futuros roles en el servicio público.
Además, las ministras señalaron que el artículo 110, fracción X, de la Ley Orgánica del PJF establece que los servidores públicos incurren en responsabilidad si dejan de cumplir con sus funciones. Insistieron en que ni la Constitución ni la ley contemplan la posibilidad de un paro de labores para los ministros de la SCJN.
Destacaron también que el personal de confianza del Poder Judicial no tiene derecho a huelga, como lo establece la jurisprudencia 118/2016 de la Segunda Sala de la SCJN. Por lo tanto, consideraron que los ministros, al ser los titulares del máximo órgano de justicia, no pueden suspender la prestación del servicio público encomendado por la Constitución.
Las ministras recordaron que el Código Penal Federal tipifica como delitos de corrupción la omisión de proporcionar el servicio público correspondiente (artículo 215) o el cobro indebido de remuneraciones (artículo 217 ter). En este contexto, afirmaron que quienes votaron a favor del paro debieron renunciar a sus salarios durante ese periodo.
Finalmente, explicaron que, tras la decisión de suspender labores, propusieron continuar sesionando a distancia, ya que existen 28 proyectos en la lista del Tribunal Pleno y más de 200 asuntos pendientes en las salas.
Las ministras concluyeron su comunicado resaltando que la SCJN, como cabeza del Poder Judicial de la Federación, tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia para todos los mexicanos, y recordaron que “justicia rechazada es justicia denegada”.