La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta una de las mayores crisis operativas de su historia tras la votación del Pleno para sumarse a la suspensión de actividades, en respuesta a la reforma judicial que ha generado descontento entre jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial. Con ocho votos a favor y tres en contra, la decisión del Pleno no solo paraliza la operatividad de la Corte, sino que también profundiza las divisiones internas y pone en el centro del debate la independencia judicial.
En una sesión privada, los ministros determinaron apoyar la suspensión de labores, lo que ha desatado un debate interno sobre las implicaciones y consecuencias de esta medida. Mientras que los ministros avalaron la suspensión, las ministras Loretta Ortiz Ahfl, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa se pronunciaron en contra. Este bloque de oposición ha generado una respuesta inmediata: las tres ministras se encuentran reunidas en el despacho de Yasmín Esquivel para definir una postura conjunta y defender la continuidad de las actividades en la Corte.
“Esta suspensión violenta la independencia con la que debemos conducirnos”, expresó Esquivel Mossa en un oficio dirigido al Pleno, donde exhortó a sus colegas a intervenir y resolver la controversia que enfrenta a los juzgadores federales y a los trabajadores que decidieron continuar con sus funciones. En su mensaje, Esquivel enfatizó que el cese de actividades, impulsado por la mayoría de los trabajadores, no debe imponerse a quienes desean seguir trabajando conforme a lo estipulado en la Constitución.
La suspensión de actividades por parte de la SCJN se enmarca en un movimiento de resistencia más amplio que desde hace dos semanas ha involucrado a empleados, jueces y magistrados de todo el país. Ayer, 3 mil 647 trabajadores de la Corte participaron en una votación interna para definir si se sumaban al paro de labores. De ellos, mil 72 participaron activamente, con 951 votos a favor de la suspensión, 116 en contra y cinco abstenciones.
La suspensión ha tenido un impacto inmediato en la agenda de la Corte. A través de una circular firmada por el secretario general de Acuerdos, Rafael Coello Cetina, se informó que las sesiones de la Primera y Segunda Sala previstas para el día de mañana han sido canceladas, al igual que la sesión del Pleno programada para el próximo 5 de septiembre. La Corte ha instruido mantener solo las guardias necesarias, suspendiendo los plazos judiciales hasta el 9 de septiembre, día en que el Pleno se reunirá nuevamente en sesión privada para evaluar la situación y determinar las medidas a seguir.
La decisión de suspender actividades ha puesto de relieve las tensiones dentro de la SCJN y ha generado un debate sobre la independencia judicial y la libertad de los juzgadores para tomar decisiones sin presiones externas. La ministra Esquivel Mossa ha argumentado que obligar a los jueces y trabajadores que desean continuar con sus labores a sumarse al paro es una violación de los principios fundamentales del Poder Judicial.
“Estamos en un punto crítico para la justicia en México. No podemos permitir que la independencia de nuestros juzgadores se vea comprometida por decisiones ajenas a su voluntad”, declaró una fuente cercana a la ministra, quien prefirió mantener el anonimato.
La sesión privada del próximo 9 de septiembre será crucial para determinar el futuro inmediato de la SCJN. Mientras tanto, el país observa con incertidumbre y preocupación cómo la máxima instancia de justicia enfrenta un momento de profunda división y cuestionamiento interno. Las repercusiones de esta decisión podrían marcar un antes y un después en la historia del Poder Judicial en México, afectando no solo a la operatividad de la Corte, sino también a la confianza pública en sus instituciones.