En una sesión extraordinaria y marcada por la polémica, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial, un proyecto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que propone cambios radicales, incluyendo la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular. Con 359 votos a favor y 135 en contra en lo general, y 357 votos a favor en lo particular, la reforma ha sido enviada al Senado, donde continuará su proceso legislativo.
La sesión, que comenzó en una sede alterna en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca debido a bloqueos por parte de trabajadores del Poder Judicial, se desarrolló en un ambiente tenso. La jornada estaba programada para iniciar a las 10:00 horas, pero no comenzó hasta casi las 17:00 horas debido a problemas logísticos. Sin sistema electrónico de votación, los diputados recurrieron a un proceso manual, extendiendo las votaciones por más de una hora.
“El Poder Judicial ha intentado mantener sus privilegios a toda costa, pero no vamos a titubear”, declaró Ricardo Monreal, uno de los líderes de Morena, desde una tribuna improvisada que contaba con un solo micrófono y unas cuantas bocinas. “Esta reforma es para acercar la justicia al pueblo y hacerla verdaderamente democrática”, agregó.
Durante la discusión, los diputados de todos los partidos presentaron mil 600 propuestas de modificación al dictamen, aunque solo se discutieron 68 por acuerdo entre las bancadas. Finalmente, tres reservas fueron aprobadas, incluyendo una del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que permitirá a los magistrados y jueces ejercer su profesión en Derecho fuera del circuito judicial de su adscripción una vez dejen el cargo, modificando la propuesta original que prohibía esta práctica por dos años.
Otra reserva del Partido del Trabajo (PT) incluyó el uso de lenguaje inclusivo, asegurando que la palabra “jueza” aparezca en artículos donde antes solo se mencionaba “jueces”. La tercera modificación, impulsada por Morena, establece que los magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito que concluyan su encargo recibirán un importe equivalente a tres meses de salario.
La oposición, encabezada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se mostró firme en su rechazo a la reforma. Desde temprano advirtieron que votarían en contra, y su postura no cambió durante la extensa jornada. “Esta reforma es la ‘V’ de venganza que el presidente de la República ha emprendido contra el Poder Judicial, un poder que no se dobló ni se agachó”, expresó la diputada panista Paulina Rubio.
El PRI también criticó duramente la reforma, señalando que vulnera la independencia del Poder Judicial. Jericó Abramo Masso, diputado priista, afirmó: “Esta reforma alinea al Poder Judicial con intereses políticos, poniendo en grave riesgo el Estado de derecho en México”.
Por su parte, Movimiento Ciudadano, a través de su representante Juan Ignacio Zavala, acusó a la reforma de ser una propuesta de ideas viejas y fracasadas: “Los cambios que se proponen no solucionan los problemas de la justicia en México, sino que los agravan. Esta reforma obstaculiza las posibilidades de un sistema judicial moderno y funcional”.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma al Poder Judicial ahora pasa al Senado, donde se espera que sea discutida en comisiones antes de su votación final en las próximas semanas. El futuro de esta iniciativa es incierto, ya que se enfrenta a un entorno legislativo dividido y a una oposición que ha prometido continuar su lucha.
Mientras tanto, el debate sobre la independencia judicial y la democratización de la justicia sigue siendo uno de los temas más candentes en la política mexicana. Con la reforma aún en juego, los próximos días serán cruciales para definir el rumbo de un proyecto que promete cambiar el rostro del sistema judicial del país.