Washington D. C. interpuso este jueves una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en la capital sin el consentimiento de las autoridades locales. La acción legal fue presentada por el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, ante la Corte de Distrito de D.C.
El requerimiento busca que se declare inconstitucional y en contra de la ley federal la decisión del mandatario, que activó a cientos de efectivos de la Guardia Nacional en Washington. La lista de demandados incluye al secretario de Defensa, Pete Hegseth; la fiscal general, Pam Bondi; el Ejército de Estados Unidos, así como los departamentos de Justicia y Defensa.
La denuncia señala que Trump ordenó el despliegue de tropas “sin el consentimiento expreso de la alcaldesa” de la ciudad y autorizó que patrullaran armados. Ante ello, Schwalb pidió a la Corte que “prohíba de forma permanente” esa orden presidencial.
El recurso legal llega pocos días después de que un juez federal en San Francisco dictaminara que el presidente violó la ley federal al ordenar la presencia de la Guardia Nacional en Los Ángeles, igualmente sin la aprobación de las autoridades locales. El magistrado concluyó que esa decisión quebranta la Ley Posse Comitatus, que impide utilizar al Ejército y la Fuerza Aérea en labores de seguridad interna salvo en casos expresamente autorizados por la Constitución o por el Congreso.
En su demanda, el fiscal del Distrito de Columbia retoma ese mismo argumento. “(Trump) ha pasado por alto un principio fundamental de la democracia estadounidense: que las fuerzas militares no deben involucrarse en la aplicación de la ley dentro del territorio nacional”, escribió Schwalb. Y añadió: “Ninguna jurisdicción estadounidense debería ser sometida involuntariamente a una ocupación militar”.
La decisión de Trump de asumir el control de la seguridad en la capital se produjo el pasado 11 de agosto, inicialmente por un periodo de 30 días. El presidente se amparó en una ley que le permite intervenir la autoridad local y justificó la medida en lo que describió como una “emergencia” por los altos índices de criminalidad.
Ese mismo día activó a 800 miembros de la Guardia Nacional. A ellos se sumaron efectivos enviados desde seis estados gobernados por republicanos, lo que elevó la cifra total a más de dos mil uniformados desplegados en Washington. La estrategia incluyó también la toma de control de Union Station, la estación central de la ciudad, como parte de un plan para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos.
El mandatario republicano ha señalado que Chicago y Nueva Orleans podrían ser las próximas ciudades donde enviaría a la Guardia Nacional, pese a la oposición de tribunales federales y de autoridades locales que rechazan la presencia de tropas en tareas de seguridad civil.